27 septiembre 2020

¿11 años de cárcel por defender la universidad pública?

La
deriva autoritaria del régimen monárquico español, heredero del franquismo, está
llegando a extremos de pre-dictadura en la persecución generalizada de las
voces discordantes con sus vergonzosas políticas, ahora le toca el turno a Ermengol Gassiot, secretario general de la CGT Catalunya, profesor de la Universidad Autónoma
de Barcelona (UAB), a un trabajador de Administración y Servicios (PAS) de la
misma universidad, que era delegado de los Colectivos Asamblearios (CAU-IAC) de
dicho centro educativo y a 25 estudiantes.

Las
desproporcionadas condenas que pide la Fiscalía son de 11 años y 5 meses de
prisión para todas y todos, una petición relacionada con los hechos ocurridos
en los años 2012 y 2013, cuando se produjeron movilizaciones estudiantiles en
la UAB que culminaron con la ocupación del rectorado.

En
aquellos días Gassiot era delegado sindical, miembro del comité de empresa de
la universidad y profesor de Arqueología, posteriormente elegido secretario
general de la CGT, además entre los estudiantes procesados está Eudald Calvo,
actual alcalde de Argentona de la Candidatura d´Unitat Popular (CUP).

Un
grupo de estudiantes y algunos profesores ocuparon durante un mes en 2013 el rectorado, Ermengol
Gassiot lo hizo como delegado y miembro del comité de empresa, la acción se
convirtió posteriormente en una ocupación protagonizada por los colectivos en
lucha de la UAB, durante esas horas se manifestó la oposición política de los
estudiantes, profesores y PAS en el interior del equipo de gobierno de la
institución universitaria, varios profesores y personal de administración
mostraron su solidaridad con su presencia en el edificio, llevando a cabo sus
clases en el rectorado.

La
Fiscalía acusa y pide condenas genéricas de más de 11 años de cárcel a Gassiot
y resto de personas que participaron en las movilizaciones. En el caso del
actual secretario general de la CGT, se le piden esos años de prisión por un
delito continuado de desorden público y otro de coacciones, entre otros. Además
incluye 5 años de alejamiento de la UAB para el conjunto de los 27 acusados y
385.000 euros para compensar lo que consideran daños ocasionados en dichas
dependencias universitarias.

También
y para remachar el clavo de esta inmundicia la vicerrectora de estudiantes de
la UAB Silvia Carrasco, militante de Iniciativa per Catalunya (ICV) por
Sabadell, se persona como acusación particular contra estudiantes y sus propios
compañeros profesores.

Desde
el franquismo y su criminal de lesa humanidad, Tribunal de Orden Público (TOP),
no se producían denuncias penales que pidan prisión a estudiantes y profesores,
lo que viene a demostrar los niveles de degradación de la actual justicia
española, en manos de un régimen que progresivamente va destruyendo los
derechos civiles de la ciudadanía, protegiendo a policías que por ejemplo
revientan un ojo a un manifestante o inflan a palos a cualquier familia
desahuciada con menores o personas enfermas entre sus miembros, dejando en la
calle a toda una fauna de políticos corruptos que son indultados,
vergonzosamente condenados a ridículas condenas tras haber saqueado millones de
euros de las arcas públicas.

La
vara de medir de este régimen se inclina como casi siempre por el lado más
sucio y putrefacto, se persigue y se trata de encarcelar la solidaridad, la
sensibilidad, la complicidad y la empatía de profesores con sus alumnos en
demanda de una educación pública de calidad, para que las hijas y los hijos de
la clase trabajadora tengan derecho a una universidad asequible, abierta y fraterna.

http://viajandoentrelatormenta.blogspot.com.es

Imagen de la asamblea del 17 de abril del 2013 que precedió al encierro en el 
edificio del Rectorado de la UAB (Foto Josep García, el Periódico)
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