Foto tomada de la red, Canarias 7
La multa de 500€ del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al PCPE – Partido Comunista de los Pueblos de España, por la realización el pasado mes de agosto de un acto en memoria de las miles de personas asesinadas por el fascismo en este archipiélago, donde su clase política parece ejercer de encubridores del brutal genocidio, refleja una triste realidad que vulnera los más elementales valores democráticos.
No solo este grupo de gobierno municipal mantiene calles y emblemas del franquismo o bloquea vergonzosamente junto al Cabildo de Gran Canaria excavaciones como la de la fosa común del cementerio de Las Palmas, sino que persigue con sanciones surrealistas a organizaciones políticas populares.
Su alcalde del PSOE que gobierna junto a Podemos y Nueva Canarias, Augusto Hidalgo, se retrata sancionando en plan regidor ultraderechista a los pocos que se acuerdan de quienes fueron asesinadxs por defender la democracia y la libertad tras el golpe de estado del 36.
Como familiar de varias personas víctimas de ese horror siento auténtica vergüenza ajena de que una institución pública recurra a medidas represivas contra quienes defienden la memoria democrática.
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