«Los españoles han echado al último Borbón no por rey, sino por ladrón».
Ramón María del Valle-Inclán
Las imágenes de las calles de Ceuta condensan a la perfección el núcleo del problema. Observar a cientos de personas agolparse para dar vivas a la Corona, asumiendo con entusiasmo un papel de súbditos sumisos, resulta profundamente desconcertante. Es el retrato de una representación casi irreal: ciudadanos aplaudiendo el paso de unos multimillonarios cuyos privilegios no emanan de la voluntad popular, sino de la inercia dinástica. Mientras el fervor folclórico se desata en las plazas oficiales, la realidad extramuros muestra una desconexión absoluta. Esta comitiva transita blindada, ajena por completo a la miseria y a las urgencias materiales que asfixian el día a día de millones de trabajadoras y trabajadores en el Estado español, evidenciando una preocupante falta de empatía y solidaridad real con los problemas estructurales de la población.
A este culto callejero se suma un engranaje fundamental para la supervivencia del relato monárquico: la complicidad de los medios de comunicación españoles. Da igual el color político del editorial o la orientación ideológica de la cadena; la exaltación de la Corona es unánime. Tanto la prensa de derechas como los sectores mediáticos que se autodenominan progresistas se pliegan con idéntico servilismo ante la narrativa cortesana. Los informativos y las tertulias se transforman en portavoces de una propaganda que blanquea la institución, presentando cada viaje oficial como una gesta histórica y ocultando el debate de fondo. Este blindaje de las grandes corporaciones de comunicación actúa como un muro de contención que silencia el cuestionamiento ciudadano y asegura que el cuento de hadas constitucional permanezca incuestionable para la opinión pública.
La salud democrática de un país se mide por la capacidad de sus ciudadanos para elegir de forma directa a quienes ocupan sus instituciones más altas. En España, sin embargo, la jefatura del Estado permanece protegida por un derecho hereditario cuyo origen moderno no se encuentra en las urnas, sino en la última voluntad de un dictador fascista. Esta anomalía histórica constituye un pecado original de legitimidad que ninguna narrativa oficial ha logrado subsanar: la ciudadanía jamás ha tenido la oportunidad de votar de manera específica si desea mantener este modelo o avanzar hacia una república.
A esta falta de validación democrática se suma un historial reciente de degradación institucional que ha despojado a la Corona de cualquier pretensión de ejemplaridad. Los escándalos financieros y judiciales ya no son meras sospechas, sino hechos constatados: desde la condena de prisión en el caso Nóos hasta las millonarias regularizaciones fiscales del rey emérito en el extranjero, amparadas por una inviolabilidad jurídica que funcionó durante años como un auténtico escudo de impunidad. Mientras estas tramas de desvío y opacidad económica salían a la luz, el sostenimiento de la Familia Real seguía costando millones de euros anuales al erario público. En un contexto donde la sanidad pública, la educación y los servicios esenciales sufren tensiones y recortes constantes, resulta éticamente indefendible que el dinero de los contribuyentes financie un blindaje dinástico en lugar de blindar el bienestar de la sociedad.
Ante este panorama, las escenas de devoción popular e idealizada funcionan como un bálsamo destinado a normalizar un esperpento institucional de corte medieval. Los aplausos y los piropos de «¡guapos!» desvían la atención de lo verdaderamente importante: las cuentas pendientes con la justicia y el desequilibrio económico. La permanencia de la Corona no es una simple cuestión de protocolo; es una decisión política que prioriza la supervivencia de una figura intocable sobre las necesidades reales de la población. Un Estado moderno no puede seguir arrastrando estructuras que perpetúan la desigualdad desde la propia Constitución. La verdadera soberanía reside en el pueblo, y es hora de que las prioridades presupuestarias y las instituciones del país reflejen esa realidad, dejando atrás una puesta en escena anacrónica que la sociedad nunca eligió.
Por todo ello, urge desenmascarar el papel político real que juega esta institución, cuya neutralidad no es más que un mito bien financiado. Bajo la apariencia de árbitro constitucional se esconde la verdadera esencia de la Casa Real: una estructura alineada ideológicamente con las posiciones más reaccionarias y la agenda de la ultraderecha. No se trata de una Corona neutral, sino de un bastión reaccionario que se nutre y retroalimenta de los discursos más autoritarios y excluyentes.
Cada gesto, cada silencio ante las desigualdades y cada intervención velada dejan claro que la monarquía actúa como el verdadero cuartel general de las fuerzas ultraderechistas del país. Tolerar su existencia implica financiar con los impuestos de la clase trabajadora el sustento de su propio opresor ideológico. Es hora de romper con el vasallaje y poner fin a una puesta en escena anacrónica que la sociedad nunca eligió.
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