«Desde las autoridades se inocula xenofobia y luego se lavan las manos».
Silvia Intxaurrondo
Si pasas estos días por la Meridiana, a la salida de Barcelona, te encuentras de frente con un cartel gigante del Partido Popular. A un lado sale la cara sonriente de Xavier García Albiol; al otro, en letras enormes y en dos idiomas —castellano y árabe—, se lee: «Hola, delincuentes. Se acabó entrar y salir». La excusa oficial para esta campaña es anunciar una reforma contra la multirreincidencia, pero cualquiera que levante la vista desde el coche entiende de qué va el asunto: es el viejo manual de la sospecha convertido en mobiliario urbano.
Albiol lleva más de quince años exprimiendo esta fórmula. Empezó en Badalona repartiendo folletos que señalaban a la población gitana rumana, siguió con aquel «Limpiando Badalona» que le trajo tantas denuncias como votos, y ahora exporta la receta a toda Cataluña. El truco funciona por pura asociación visual. Si plantas la palabra «delincuentes» en árabe en mitad de una autopista, no estás traduciendo un programa electoral para que lo lean los ladrones; les estás diciendo a miles de conductores que el idioma de sus vecinos magrebíes es el idioma del delito.
Luego viene la coartada de siempre. «El que no se sienta aludido no tiene por qué ofenderse», soltó el propio Albiol ante los micrófonos. Es una trampa tan vieja como rentable. Cuando un dirigente político coloca una diana gigante sobre una lengua y una comunidad entera, el señalamiento ya está hecho, por mucho que después se haga el inocente. Para hacer daño desde las instituciones no hace falta aprobar leyes fascistas y discriminatorias; basta con normalizar en la calle la idea de que hay ciudadanos de primera y sospechosos habituales por su origen.
Lo peor de esta basura falangista no es la ocurrencia de un candidato concreto, sino lo que cuenta sobre el rumbo del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. En su carrera por quitarle votos a Vox en municipios obreros como Salt, Lloret o la propia Badalona, los populares han decidido que ya no toca disimular. Han comprado sin complejos el marco de la extrema derecha: mezclar pobreza, migración y orden público hasta que cuesta distinguir dónde acaba el programa del PP y dónde empieza el de la ultraderecha. Un día aplauden los centros de deportación fuera de Europa al estilo Meloni y al siguiente pagan vallas para señalar a miles de familias trabajadoras.
Frente a esta política del miedo, el antifascismo y el antirracismo no son etiquetas bonitas ni postureo moral: son pura defensa de la convivencia. Cuando un partido con opciones de gobernar convierte el racismo en reclamo electoral, lo que se rompe no es solo la tranquilidad de quienes hablan árabe en el metro o en el portal. Se quiebra la idea básica de que todos somos iguales ante la ley. Y frente a quienes intentan rascar votos señalando al vecino más vulnerable y empobrecido, lo único decente es señalar la maniobra y negarse a comprar su odio.
Además, resulta especialmente cínico que quienes reparten carnés de delincuencia en las autopistas pertenezcan al único partido español condenado como partícipe a título lucrativo en tramas de corrupción. Si de verdad buscan dónde está el saqueo sistemático en este país, no hace falta traducir carteles al árabe ni mirar hacia los barrios humildes: basta con repasar las hemerotecas de Gürtel, Púnica, Lezo o Kitchen. Allí, entre sobres en B, mordidas millonarias y financiación ilegal, los delincuentes no hablaban árabe ni llegaban en patera; vestían traje de sastre, hablaban perfecto castellano y firmaban desde despachos oficiales con las siglas del Partido Popular.
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