«El desarrollo de las tendencias fascistas se puede contener solo si logramos comprender el carácter destructivo de las ideologías que promueven el odio al otro.»
Judith Pamela Butler
En esta parte de la Tierra que llaman España nos hemos acostumbrado a una fotografía asimétrica y profundamente injusta en nuestras calles. Por un lado, médicos, docentes, sanitarios, estudiantes y obreros que salen a partirse la cara por una sanidad digna, una escuela pública o unas condiciones laborales justas sufren la brutalidad y el odio de clase de la policía española, que carga siempre con una violencia desmedida. El uniforme de quienes tendrían que defender el orden público de manera imparcial desplegado con saña contra el ciudadano que defiende los servicios públicos de todos y todas.
Por el otro lado, la impunidad del brazo en alto haciendo el saludo nazi. En las movilizaciones impulsadas por la derecha y la extrema derecha, el panorama cambia de forma radical. Allí, esa actitud de cabreo permanente y sus gritos de «Pedro Sánchez hijo de puta» se traducen en un desfile de insultos obsesivos y proclamas intolerantes con palmaditas en la espalda de los antidisturbios. Se normaliza ese odio constante a quienes pensamos diferente y defendemos los servicios públicos, un odio visceral al diferente, al que tiene otro color de piel o a las personas LGTBI. Esta hostilidad se pasea con total libertad ante la pasividad de los mismos cordones policiales que no dudan en golpear cuando los manifestantes llevan bata blanca o mono de trabajo. Es una doble vara de medir que asquea a cualquiera que crea en la justicia social y define nítidamente a quienes hoy son activos votantes de PP y Vox y pretenden gobernar España.
Esta violencia selectiva en las calles no es un hecho aislado, sino la avanzadilla de un proyecto político mucho más profundo y peligroso. Tras la crispación social se esconde la agenda compartida de las derechas: un modelo de políticas neoliberales diseñado para desmantelar todos los servicios conseguidos durante décadas de luchas sociales mediante recortes salvajes y privatizaciones. Su objetivo no es la eficiencia, sino el negocio con los derechos fundamentales. Pretenden vaciar la sanidad y la educación públicas para favorecer sus negocios, dejando desamparados a los sectores más vulnerables mientras aprueban rebajas fiscales para las rentas más altas. Es el sálvese quien pueda elevado a categoría de dogma de gobierno.
El verdadero peligro radica en que este desguace del Estado del bienestar viene envuelto en una preocupante deriva hacia la generación de un gobierno fascista. No se trata solo de mala gestión económica, sino de una amenaza directa a las libertades civiles. Quienes aspiran a tomar el poder en el país no pueden seguir amparando que se persiga al que defiende la dignidad colectiva mientras se abraza y se blanquea a los de la simbología totalitaria. La entrada de estas corrientes en las instituciones nacionales supondría la legitimación del racismo, la homofobia y la persecución de la disidencia como políticas de Estado.
La policía de una democracia debe estar para proteger a los ciudadanos, no para actuar como el brazo ejecutor de una ideología que criminaliza la protesta social y premia la intolerancia. Si se permite que la calle se convierta en el territorio donde el nazi tiene impunidad y el trabajador recibe los golpes para imponer un modelo de miseria y exclusión, lo que se está rompiendo no es el orden público, sino la propia democracia. No estamos ante una simple alternancia de partidos, sino ante una encrucijada histórica entre la decencia colectiva y la barbarie reaccionaria. Tolerar que los nostálgicos del odio marquen el paso de nuestro futuro político y económico, mientras se machaca a quienes sostienen el hospital o el aula, es el billete de ida hacia un régimen autoritario. Defender los servicios públicos y blindar los derechos de las minorías ya no es solo una opción ideológica; hoy es el único cordón sanitario posible para rescatar la dignidad de este país antes de que el fascismo vuelva a devorarlo desde dentro.
Tampoco podemos obviar la vergonzosa pasividad de los máximos responsables de la seguridad y la defensa del Estado. Asistimos con estupefacción a la inacción de las Delegaciones del Gobierno, del propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante espectáculos intolerables. Es inadmisible que militares españoles, cuyos salarios y privilegios pagamos rigurosamente con nuestros impuestos, se graben eufóricos en transportes oficiales vitoreando a agitadores ultras de corte neonazi como Vito Quiles coreando criminales lemas falangistas como «¡A por los rojos!». Mientras la cúpula política se esconde tras la burocracia de tibias «investigaciones internas» que acaban en nada, el uniforme que debería representar a toda la ciudadanía es arrastrado por el fango del fascismo sin que se produzcan ceses inmediatos.
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