«El error de la socialdemocracia fue creer que se había alcanzado un consenso y que ya no había necesidad de una alternativa a la hegemonía neoliberal.»
Chantal Mouffe
La ventana del futuro inmediato parece cerrarse sobre el mismo escenario de siempre: la alternancia institucionalizada del país. Ante la posibilidad real de que la aritmética parlamentaria entregue los mandatos a una coalición entre el Partido Popular y Vox, encabezada por la alianza de Feijóo y Abascal, los análisis de salón se apresuran a buscar culpables. El diagnóstico más repetido apunta al enésimo fracaso de la izquierda socialdemócrata, incapaz de tejer esa unidad de siglas que millones de votantes demandaban en las urnas. Sin embargo, abordar el problema únicamente desde la frustración electoral es un error de perspectiva. La incapacidad de la izquierda parlamentaria no es un accidente de última hora; es el resultado lógico de una estrategia que fió toda la transformación social a la gestión desde los despachos del Estado.
El verdadero drama no radica en qué papeleta aglutina más descontento, sino en la desmovilización social que ha pavimentado este camino. Durante años, el reformismo institucional se dedicó a pacificar la calle, convirtiendo la indignación en mera contabilidad electoral. En este trayecto de renuncia, las promesas de cambios estructurales se convirtieron en concesiones de gestión. El hecho de que la Ley Mordaza siga intacta tras años de gobierno progresista demuestra cómo la política institucional prioriza a menudo la estabilidad sobre los derechos civiles. Esta legislación no fue un arrebato autoritario aislado del PP en 2015, sino una herramienta para contener el descontento social mediante el terror administrativo y la presunción de veracidad policial. Al mantenerla vigente, se ha normalizado el control social, asfixiando económicamente mediante multas masivas a las protestas por la vivienda y al sindicalismo de base, dejando la maquinaria de represión perfectamente engrasada para cuando la reacción tome los mandos.
Esta misma complicidad con el mantenimiento del orden establecido explica que no se haya producido el indulto del rapero Pablo Hasel, cuyo encarcelamiento prolongado permanece como el recordatorio más nítido de los límites de la libertad de expresión en nuestro sistema actual. Que un artista sea privado de su libertad por el contenido crítico de sus canciones desvela las costuras de un aparato judicial ultraderechista y un gobierno progresista claramente cómplice. Al vaciar las organizaciones vecinales, sindicales y los colectivos de base de su espíritu crítico y transformador para encauzarlos únicamente en el juego parlamentario, se dejó el campo libre para que el malestar fuera capitalizado por la reacción. Así es como se explica la paradoja actual: que una parte de la clase trabajadora perciba a un ejecutivo de millonarios y corruptos terratenientes como la única alternativa para una vida mejor. Cuando la izquierda gobernante gestiona la precariedad en lugar de resolver sus causas, la extrema derecha solo tiene que recoger los frutos del desencanto.
Las consecuencias de este giro político las pagarán, como siempre, los sectores más vulnerables. El retroceso que se avecina no es una abstracta disputa; se traduce en una desprotección humana y cotidiana que calará en lo más profundo de los hogares. Frente al panorama desolador de lo que muchas personas ya definen abiertamente como la antesala de un gobierno neofranquista con la brutal represión como bandera, el desamparo se vuelve palpable en las conversaciones cotidianas. «Tengo miedo, como mujer tengo mucho miedo», me confesaba ayer una amiga, poniendo voz a una angustia colectiva y real ante la amenaza de una ofensiva directa contra los derechos reproductivos, las leyes de igualdad y los espacios de seguridad conquistados a pulso por el movimiento feminista.
Se prevé una agenda volcada en la desregulación económica, la privatización de los servicios públicos bajo el mantra de la eficiencia y un cuestionamiento ideológico de las violencias machistas. No obstante, la respuesta ante este escenario no puede ser la parálisis, la melancolía ni la espera pasiva al próximo ciclo electoral. La persistencia de las leyes represivas demuestra que los derechos no se mendigan en los ministerios; se conquistan y se defienden con una ciudadanía activa en los centros de trabajo, en las calles y en los barrios organizados. El desafío histórico no consiste en reconstruir un frente electoral más amplio para salvar las mismas dinámicas de siempre, sino en levantar un tejido social fuerte, independiente y solidario desde abajo. Una estructura de lucha capaz de tejer redes de apoyo mutuo para que ninguna mujer, ninguna persona desfavorecida o desahuciada de su vivienda por los especuladores tenga que transitar ese miedo en soledad, asumiendo que la verdadera fuerza transformadora reside en la capacidad de autoorganizarse y plantar cara de manera colectiva.
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