Opinión

Alimañas de las Pensiones

«La evidencia de la privatización demuestra que la industria financiera es el principal beneficiario, convirtiendo la seguridad social de los trabajadores en un negocio corporativo.»

Lawrence Mishel

Hay una música de fondo que nos resulta demasiado familiar. Cada vez que se acercan elecciones o que ciertos sectores necesitan justificar el próximo hachazo de lo público, se reactiva el mismo repertorio de frases hechas: que si «hemos vivido por encima de nuestras posibilidades», que si toca «apretarse el cinturón», que si vienen «tiempos duros». Es una coreografía discursiva perfecta, diseñada para que el ciudadano medio asuma el sacrificio como una obligación moral antes incluso de que le quiten el derecho.

El último objetivo de este mantra catastrofista no es otro que el sistema público de pensiones. Bajo el elegante eufemismo de «sistema mixto», lo que se está cocinando en los laboratorios ideológicos de la derecha y la extrema derecha no es una reforma técnica, sino un trasvase histórico de capital. Hablamos de poner en manos de los fondos de inversión privados una tarta de más de trescientos mil millones de euros que hoy pertenece a la seguridad colectiva de más de diez millones de personas.

La estrategia es vieja pero efectiva: primero se asusta a la población vaciando de credibilidad las instituciones, luego se decreta la inviabilidad del modelo público y, finalmente, se presenta el mercado privado como la única balsa de salvación. Pero la realidad es mucho más cruda. Convertir la jubilación en una apuesta financiera no garantiza el futuro de nadie; lo que hace es desproteger a quienes menos tienen para engordar los balances de la banca.

Lo que hoy ocurre en la Argentina de Javier Milei es la avanzadilla perfecta de este desguace, el espejo retrovisor que nos muestra hacia dónde nos conduce la receta desreguladora que PP y Vox ensayan en sus discursos preelectorales. Vetar mejoras en los ingresos de los mayores argumentando el «equilibrio fiscal», licuar el poder adquisitivo real de las jubilaciones mínimas frente al coste de la vida y planear la sustitución de la seguridad social solidaria por bonos individuales de capitalización no es economía, es crueldad ideológica. Ese laboratorio de shock social es el aviso de lo que nos espera si compramos el mantra de la inevitabilidad del recorte: un escenario donde la vejez deja de ser un derecho protegido por el Estado y pasa a ser un sálvese quien pueda financiero.

La hucha de las pensiones no es un excedente para que el mercado especule, sino el pacto social más sagrado de nuestra democracia. Aceptar el discurso de que el colapso es inminente y que el sacrificio de los de siempre es inevitable es el primer paso para perderlo todo. Las pensiones se defienden gestionando con responsabilidad, no abriendo la puerta a quienes ven en el retiro de nuestros mayores una simple oportunidad de negocio.

Detrás de este afán privatizador subyace también una vieja pulsión patrimonialista. Una derecha de herencia franquista que contempla el Estado no como un garante de la redistribución, sino como una finca o cortijo propio del que ha sido injustamente despojado tras años apartada de los presupuestos del Gobierno central. Para estos sectores, recuperar el control de las cuentas públicas no responde a un proyecto de país, sino a la urgencia de reabrir el grifo de las adjudicaciones, los contratos a dedo y el desvío de recursos comunes hacia manos amigas. El botín de las pensiones es la joya de la corona que anhelan para resarcirse de su travesía en el desierto, convirtiendo el dinero de todos en el mayor negocio privado de su historia.

Las caretas, además, terminan por caer en la propia arena pública. No es una sospecha; son ellos mismos quienes lo verbalizan sin tapujos cuando creen que nadie les pide cuentas. Ahí están las declaraciones de José María Figaredo, portavoz económico de Vox, calificando de «zombi» un sistema público que protege a millones de familias y exigiendo una «reforma drástica» para imponer el modelo de capitalización individual. O el descaro de la portavoz nacional del PP, Ester Muñoz, augurando alegremente que la hucha colectiva «va a colapsar», para luego intentar recoger cable ante el pánico electoral que provocan sus propias palabras. Utilizan el altavoz parlamentario como ariete demoledor: agitan el fantasma de la quiebra para que la ciudadanía tire la toalla y acepte el desguace como una fatalidad inevitable.