Opinión

Cachorros nazis

«La ultraderecha moderna no recluta en las calles, sino en las pantallas; transforma la frustración económica y el aislamiento digital de los jóvenes en resentimiento político organizado».

Zygmunt Bauman

La Puerta del Sol se ha convertido en el reflejo más crudo de la fractura social que arrastra nuestro país. Lo vivido durante la jornada festiva del 12 de octubre no fue un simple episodio de tensión callejera ni un hecho aislado; fue la constatación de cómo el espacio público se transforma en un tablero de impunidad cuando las instituciones y los partidos políticos rompen los cordones sanitarios frente al extremismo.

Mientras una acampada pacífica exige en el centro de la capital el derecho constitucional a una vivienda digna —una movilización nacida del dolor y el luto colectivo tras el desahucio de Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años que falleció pocos días después de ser expulsada de su hogar—, la respuesta de la ultraderecha más violenta no se hizo esperar. El despliegue de brazos en alto haciendo el saludo nazi, el ondear de banderas de la Falange y la exhibición impúdica de cruces de San Fernando y simbología neonazi en pleno corazón de Madrid respondieron a una coreografía muy clara. Son huestes de cachorros y cachorras radicales, muchos menores, que se sienten directamente alentados y legitimados por la violencia verbal y el señalamiento sistemático de dirigentes del PP y de Vox.

La estrategia de asfixia institucional contra los vulnerables tiene nombres y apellidos. Isabel Díaz Ayuso, desde la presidencia de la Comunidad de Madrid, no tardó en mover toda la maquinaria administrativa para exigir el desalojo inmediato de la plaza, priorizando la estética de las celebraciones de la Hispanidad sobre el drama humanitario de los ciudadanos. Una postura secundada a nivel nacional por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuya ambigüedad calculada y pactos territoriales terminan por dar cobertura política a estas dinámicas. Al mismo tiempo, desde Vox, figuras como Santiago Abascal llevan años alimentando un relato de odio que criminaliza la movilización civil, deshumaniza la precariedad y califica de «delincuentes» a familias desamparadas, creando el caldo de cultivo idóneo para que los elementos más radicales actúen en las calles exhibiendo su odio de clase.

Esta hostilidad no solo se cocina en los despachos de estos paridos franquistas, sino que casi siempre encuentra una alarmante laxitud sobre el asfalto. Diversos testigos y vídeos difundidos en redes sociales mostraron una indignante doble vara de medir, llegando a registrarse gestos de complicidad y «palmaditas» en la espalda por parte de algunos agentes de policía hacia los manifestantes de estética neonazi. Mientras a los movimientos sociales se les somete históricamente a un control asfixiante y a cargas preventivas, a los grupos que exhibían impunemente simbología fascista se les permitió avanzar, corear consignas de odio e intimidar a los acampados bajo una preocupante mirada de tolerancia por parte de determinados efectivos policiales, antes de que la situación se desbordara por completo.

Cuando los líderes políticos de la derecha y la ultraderecha centran sus esfuerzos en perseguir la protesta en lugar de regular los precios del alquiler, están enviando un mensaje peligroso: que la propiedad está por encima de la vida. Lo visto en Sol fue un intento de desalojo civil violento. Una agresión directa ejecutada por nostálgicos del régimen que se amparan bajo el paraguas ideológico y la condescendencia que se les brinda tanto desde los atriles institucionales como en la propia gestión del orden público en la calle.

A pesar de las presiones políticas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ha determinado que la protesta por la vivienda y la permanencia de la acampada son plenamente legítimas, rechazando las medidas cautelares con las que el gobierno autonómico pretendía borrar la disidencia. Ahora la pelota está en el tejado de la ciudadanía. Nos toca decidir si queremos una democracia madura que proteja a sus ciudadanos frente a los abusos del mercado o una sociedad que normalice los ataques intimidatorios de quienes añoran la dictadura, jaleados por la complicidad de quienes gobiernan para los fondos de inversión. La vivienda es un derecho constitucional; el fascismo, una amenaza real que no se puede seguir tutelando ni blanqueando.