Opinión

Porras contra educación

«Los maestros eran el objetivo principal. El fascismo sabía que para dominar el futuro, primero tenía que exterminar a quienes enseñaban a pensar en libertad.»

Josefina Aldecoa

Lo que sucedió este lunes en Madrid deja las cosas claras: el Gobierno regional del PP con el respaldo de Vox prefiere enviar a los antidisturbios antes que sentarse a escuchar las recomendaciones del profesorado. Unos quinientos docentes se concentraron pacíficamente ante el Palacio de Santoña para protestar por la situación de la escuela pública. La respuesta oficial no fue el diálogo, sino mandar a la policía a cargar y golpear salvajemente para que el coche oficial de Isabel Díaz Ayuso pudiera salir lo más rápidamente posible del lugar.

Esta actuación demuestra un doble rasero muy preocupante. Cuando se manifiestan colectivos que defienden derechos sociales —como la sanidad o la educación pública—, el despliegue policial es inmediato y contundente. En cambio, cuando sale a la calle el fascismo, la paciencia de las fuerzas de seguridad parece infinita: se permiten cortes de tráfico, insultos, simbología neonazi y concentraciones ilegales sin que nadie actúe. Es indignante ver que la firmeza de la policía depende de la ideología de quien protesta.

Existe, además, una carga simbólica profundamente dolorosa en ver a los cuerpos de seguridad del Estado cargando contra el profesorado. Que agentes que a menudo carecen de la preparación sociológica, la empatía y la formación democrática necesaria para gestionar conflictos civiles acaben usando la fuerza bruta contra quienes sostienen el sistema educativo es el reflejo de un orden invertido. El uniforme y la porra agrediendo a quienes instruyen a niñas y niños, la violencia institucional intentando disciplinar a quienes dedican su vida a formar el pensamiento crítico del pueblo.

Cuando el Estado prioriza la utilización de la fuerza por encima del cultivo de la inteligencia colectiva, el resultado es exactamente este: un choque donde la violencia y la incultura intenta aplastar la razón. A esto se suma la actitud provocadora y barriobajera de Ayuso, que busca incendiar una lucha laboral que es totalmente justa y legítima. En vez de rebajar la tensión, la presidenta utiliza estas movilizaciones para victimizarse y ganar puntos políticos, echando más leña al fuego. En la misma línea, la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, llegó a comparar en redes sociales estas acciones con la de las movilizaciones y los disturbios en Francia, una falta de respeto vergonzosa para docentes y una comunidad educativa que exige el derecho constitucional de unas mejores condiciones para enseñar.

Frente a la cerrazón institucional, las reivindicaciones del profesorado madrileño apuestan por la pura supervivencia de la calidad de la enseñanza pública. Las huelguistas exigen medidas urgentes e indispensables como la reducción de las horas lectivas semanales —a 17 horas en secundaria y 22 en infantil y primaria— y una bajada real de las ratios de estudiantes por clase para garantizar una atención digna. Asimismo, demandan la incorporación de personal especialista para atender la diversidad en las aulas, el fin de la segregación socioeconómica del alumnado, una subida salarial de 600 euros al mes para paliar la pérdida de poder adquisitivo, la reducción de la asfixiante burocracia y la modernización urgente de unas infraestructuras educativas que siguen conviviendo con deficiencias de climatización y amianto. No piden privilegios; piden las condiciones mínimas necesarias para poder ejercer su profesión con dignidad y garantizar el futuro de un estudiantado en su mayoría de clase trabajadora.