«Una sociedad que olvida su pasado carece de brújula moral para construir su justicia.»
Hannah Arendt
El reciente acuerdo alcanzado entre la Agrupación FFCC Vegueta y la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, liderada por Nieves Lady Barreto Hernández, representa mucho más que un mero trámite administrativo. Es, en su esencia más pura, un hachazo contra el grueso muro de impunidad, desidia y olvido que la maquinaria terrorista del franquismo erigió sobre el cementerio de Vegueta durante casi un siglo. Tras décadas de un silencio sepulcral, cómplice y cobarde, el compromiso firme de coordinarse de forma estrecha con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres Pérez, abre una grieta de luz irreversible frente al oscurantismo criminal que ha dominado la historia contemporánea del archipiélago.
Es de justicia reconocer y agradecer la profunda sensibilidad y el apoyo decidido que la consejera ha demostrado al asumir las demandas de las familias como una prioridad institucional indiscutible. Este paso al frente, materializado en el inicio de un sólido acuerdo de coordinación y colaboración con el ministerio, demuestra que la voluntad política puede y debe alinearse con los derechos humanos. La suma de esfuerzos entre ambas entidades es el motor indispensable para poner en marcha los estudios documentales previos, ejecutar las catas arqueológicas y proceder a la futura exhumación del centenar de represaliados que los poderes fácticos pretendieron borrar. Una hoja de ruta institucional a la que se suma la más que probable implicación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, corporación propietaria del cementerio y pieza clave para facilitar sobre el terreno las tareas logísticas y operativas de esta urgente reparación histórica.
Este camposanto encubierto ha sido, durante noventa años, el vivo reflejo de una herida sangrante, negada y protegida por los herederos del régimen. Bajo la tierra de Vegueta yacen demócratas asesinados por sus ideas, cuyo único delito fue defender la legalidad democrática de la Segunda República y la libertad frente al salvaje zarpazo fascista de 1936. Enterrados en condiciones de absoluta vileza, de espaldas a la ley, despojados de sus nombres y convertidos deliberadamente en sedimentos invisibles, las víctimas civiles de la carnicería militar falangista fueron sometidas a un doble crimen: el asesinato físico y el borrado sistemático de su existencia. Los mismos estamentos oligárquicos, eclesiásticos y militares que sostuvieron la dictadura se encargaron de blindar con saña el acceso a los archivos y de sembrar el terror sociológico para que jamás se hurgara en ese suelo sagrado de la infamia.
Por ello, el pacto suscrito directamente entre el combativo colectivo de víctimas y la consejera Barreto, en perfecta sintonía con las competencias estatales de Torres y el esperado respaldo del consistorio capitalino, no puede interpretarse como un acto de magnanimidad, sino como una victoria indiscutible de la dignidad civil frente al negacionismo imperante. Han sido las familias y un grupo de personas comprometidas, hermanos y hermanas en esta lucha, agrupadas en la Agrupación de Familiares de la Fosa Común de Vegueta y respaldadas por más de una treintena de organizaciones sociales, políticas, sindicales, culturales o de colectivos históricos tan importantes como la Asociación por la Memoria Histórica de Arucas, de la mano ejemplar de su presidenta, Pino Sosa o su coordinador, Manuel Ortego Sánchez (presentes en dicha reunión), quienes han sostenido esta lucha a pulso, logrando activar el comienzo de esta alianza institucional modélica en favor del cumplimiento estricto de la legislación de memoria democrática. El recurso inminente a las actas de los sanguinarios tribunales militares de la época es el primer paso técnico para desenterrar los nombres secuestrados por la barbarie.
Levantar las losas de Vegueta no reabre heridas; al contrario, es el único método quirúrgico y forense para extirpar el trauma generacional de una sociedad canaria que no puede seguir construyéndose sobre el encubrimiento de sus propios mártires. Las catas en el terreno y la recuperación del centenar de cuerpos sepultados suponen arrebatarle el botín de guerra a unos verdugos que pretendieron perpetuar su victoria mediante el olvido decretado. Es hora de que la infamia franquista retroceda ante la implacable verdad científica.
Canarias tiene una deuda de sangre con sus desaparecidos, y el principio de este marco de colaboración interinstitucional demuestra que, por más que la tiranía intentó enterrar la memoria colectiva, erró el cálculo: olvidaron que era semilla.
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