Opinión

Caballas y canallas

Ilustración de Javitxuela para EL SALTO

«El verdadero peligro no es lo que el nazi nos hace, sino lo que nos obliga a consentir dentro de nosotros mismos: el miedo al otro y el desprecio por el débil.»

Marguerite Yourcenar

El violento asalto ocurrido el pasado domingo en el Puerto de Ceuta contra el vehículo de Julia Ferreras, diputada de la Asamblea ceutí por el partido Ceuta Ya!, marca un punto de inflexión alarmante en el deterioro de la convivencia democrática y la seguridad pública en España. En el interior del coche destrozado a pedradas, patadas, puñetazos, palos y huevos viajaban también Rafael Borrego, abogado y activista de la Flotilla, y Sofía Acevedo, abogada de Derechos Humanos de la ONU. El ensañamiento de una turba fascista que actuó a cara descubierta —bajo el falso pretexto de una «confusión»— no es un hecho aislado, sino la preocupante consecuencia de la normalización del odio en nuestras calles.

El detonante de la violencia fue la convocatoria de grupos ultras en la zona portuaria para recibir con hostilidad y agresiones a una furgoneta del colectivo solidario navarro Negu Gorriak / Derecho a Techo. Esta organización acudía a la ciudad autónoma para repartir ayuda humanitaria y denunciar la vulneración de derechos que sufren los migrantes bloqueados en la frontera. Al confundir el coche particular de la parlamentaria con el de los activistas, unas cincuenta personas lo rodearon, reventaron los cristales, abollaron la carrocería e intentaron abrir las puertas mientras gritaban amenazas. «Sentí que la turba nos iba a matar», relató el propio Borrego tras los minutos de asedio y terror.

El argumento de la «confusión», esgrimido por sectores radicales, es una falacia insostenible. Suponer que el ataque habría sido justificable si las víctimas hubieran sido los cooperantes de la ONG demuestra el nivel de deshumanización al que ha llegado el discurso del fascismo. Lo que ocurrió en el puerto no fue una protesta descontrolada; fue un intento de linchamiento ideológico coordinado que buscaba amedrentar a las instituciones, a la sociedad civil y a representantes de organismos internacionales. Cuando grupos violentos operan sin ocultar su identidad es porque asumen que el coste de subvertir el Estado de derecho es mínimo.

Esa peligrosa sensación de impunidad se sustenta en el elemento más inquietante de la jornada: la incomprensible pasividad policial. A pesar de la violencia explícita y de que los rostros de los agresores fueron grabados nítidamente por decenas de cámaras de los medios de comunicación, las fuerzas de seguridad actuaron con una tibieza pasmosa. La Unidad de Intervención Policial (UIP) se limitó a realizar una sola detención, la de un joven de 22 años, recurriendo tardíamente a disparos al aire para dispersar la concentración cuando el vehículo ya había sido destrozado. Mientras tanto, los manifestantes respondían encarándose a los agentes y gritándoles que se dirigieran a los lugares donde malviven hacinados los migrantes.

La inacción ante la violencia de la ultraderecha no es neutralidad; es desamparo institucional. Permitir que una frontera europea se convierta en territorio sin ley debilita profundamente la confianza en el sistema democrático. Las autoridades deben fiscalizar los fallos del despliegue en Ceuta, identificar a todos los participantes mediante las pruebas gráficas disponibles y aplicar la ley con la máxima firmeza. Si la respuesta del Estado es mirar hacia otro lado, se estará validando la violencia ultra.

Este alarmante escenario no surge del vacío, sino que es el resultado directo de la constante siembra de odio alimentada por el Partido Popular y Vox. Ambas formaciones políticas, con una retórica xenófoba que criminaliza sistemáticamente a las personas migrantes, han legitimado socialmente discursos de intolerancia que incitan a la violencia callejera. Al azuzar el miedo y señalar a colectivos vulnerables, adoptan estrategias propias del ideario hitleriano o franquista más rancio, donde la persecución del diferente y el desprecio por los derechos humanos fundamentales forman el eje central de su acción política. Su complicidad ideológica con quienes asaltan coches y persiguen a defensores de los derechos humanos en las fronteras los convierte en los máximos responsables de este clima de crispación y golpismo.