21 de noviembre de 2026

Derecho a morir

Ramón Sampedro (RTVE

«La muerte digna es un acto de amor propio y de libertad; es poder despedirse sin que el dolor borre quién fuiste.»

Yolanda Chaparro, luchadora por el derecho a morir dignamente en Colombia

Hay debates políticos que tratan sobre impuestos, infraestructuras o modelos económicos, y luego están aquellos en los que la derecha española decide meterse, sin que nadie la llame, hasta el fondo de nuestros lechos de muerte, nuestras historias clínicas y nuestras conciencias. La amenaza de derogar, reformar o vaciar de contenido la ley de eutanasia no es una simple propuesta programática; es una declaración de intenciones sobre quién tiene la última palabra sobre nuestro cuerpo incluso en el instante final.

Resulta llamativo observar cómo quienes han convertido la palabra «libertad» en un eslogan de campaña permanente entienden ese concepto como una vía de sentido único. En esa incoherencia destaca especialmente la hipocresía política de “la IDA” Isabel Díaz Ayuso, que ha construido todo su personaje público sobre la defensa de la autonomía individual frente a cualquier injerencia del Estado —libertad para tomarse una caña, libertad para elegir colegio privado, libertad para regalar rebajas fiscales a los patrimonios más altos—, pero que da la espalda a esa misma libertad cuando se trata de la decisión más íntima, radical y dolorosa de un ser humano: poner fin a un sufrimiento irreversible.

Junto a las tribunas nacionales del Partido Popular y el integrismo fascista sin complejos de Vox, el discurso supuestamente liberal se desvanece en cuanto aparece el tutelaje moral de siempre. Nadie obliga a ningún ciudadano a solicitar la eutanasia. La ley vigente no fuerza voluntades ni impone finales; simplemente reconoce la autonomía individual para que cada adulto, en pleno uso de sus facultades y bajo estrictas garantías médicas y jurídicas, decida si quiere prolongar una agonía o despedirse en paz. Arrebatar un derecho que no perjudica a terceros no es proteger la vida: es confiscar la libertad ajena.

Para disimular este recorte de derechos, el discurso conservador suele envolverse en una bandera aparentemente irreprochable: la defensa de los cuidados paliativos. Se plantea como una falsa disyuntiva, como si aliviar el dolor y permitir una muerte asistida fueran caminos incompatibles y no dos pilares complementarios de una sanidad pública humana y completa. Sin embargo, su propia hoja de ruta neoliberal desmiente esa supuesta prioridad. Resulta cínico presumir de compromiso con los paliativos desde gobiernos autonómicos como el madrileño o los del resto del Partido Popular, que llevan años desmantelando la sanidad pública mediante recortes, privatizaciones encubiertas y desvíos millonarios de dinero público hacia grupos hospitalarios privados. Quienes asfixian la atención primaria, cronifican las listas de espera y convierten la salud en un nicho de negocio no tienen legitimidad moral para dar lecciones sobre el cuidado de los enfermos terminales. Y mucho menos la tienen quienes arrastran un historial interminable de corrupción institucional, redes clientelares y chiringuitos pagados con el dinero de todos y todas mientras regatean recursos esenciales a quienes más sufren.

A este modelo de saqueo y privatización se suma una vía silenciosa pero eficaz para bloquear la ley sin necesidad de derogarla en el Congreso: el boicot administrativo. En diversas autonomías gobernadas por el PP y condicionadas por Vox, asociaciones y familias han denunciado retrasos injustificados en las comisiones de garantía, falta de información activa en los centros de salud y una instrumentalización política de los registros de objeción de conciencia cuyo único objetivo es convertir un derecho reconocido por ley en una carrera de obstáculos burocráticos para quien ya no tiene fuerzas ni tiempo que perder.

Tras esta ofensiva política late también un problema de fondo sobre la propia naturaleza de nuestras instituciones. La Constitución española establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal. En una democracia madura, las creencias religiosas son profundamente respetables en el ámbito privado, pero no pueden dictar el Boletín Oficial del Estado ni convertirse en el código sanitario de quienes no las comparten. Cuando el Partido Popular cede ante el fanatismo ideológico de Vox y de los sectores más ultraconservadores de la jerarquía católica, se rompe ese pacto básico de convivencia.

Dar marcha atrás en un derecho consolidado no solo supone un retroceso ideológico, sino también un problema práctico y de clase de primer orden. La ley de eutanasia aportó seguridad jurídica tanto a los pacientes como a los profesionales sanitarios que antes se veían abocados a la clandestinidad, a la sedación paliativa encubierta o al drama de familias obligadas a elegir entre el sufrimiento de un ser querido y el Código Penal. Derogar esta norma no evita las muertes; únicamente las devuelve a la sombra, al desamparo y a la desigualdad habitual de las políticas neoliberales: quien tenga dinero podrá pagarse una muerte digna en el extranjero, mientras la clase trabajadora queda condenada al dolor y a la imposición moral. Cada persona tiene todo el derecho del mundo a afrontar su final rodeada de rezos y consuelo espiritual si así lo desea. Pero exactamente el mismo respeto merecemos quienes solo queremos irnos sosteniendo una mano entre la ternura y el amor familiar. Por eso, en el umbral de la muerte, lo único que le exigimos al poder político y a sus aliados integristas es respeto: saquen sus rosarios, sus sahumerios, sus sotanas y los dogmas del Opus de nuestros espacios para la despedida, y déjennos partir en paz.

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