«El fascismo no se caracteriza por la falta de un derecho a la información, sino por la aniquilación de la información a través de la violencia contra el disidente».
Jean-Paul Sartre
La hostilidad contra la prensa en España ha dejado de ser solo digital o discursiva. Los insultos en redes, las campañas de difamación y los señalamientos con nombres y apellidos desde los atriles políticos han saltado definitivamente a la calle, transformados en agresiones físicas. Los incidentes sufridos por equipos de televisión y reporteros de prensa en manifestaciones y coberturas recientes no son anécdotas aisladas producto de la tensión del momento o de un par de exaltados. Son el resultado directo de una estrategia perfectamente deliberada para devaluar, intimidar y silenciar a quienes tienen la obligación constitucional de contar lo que pasa.
La responsabilidad de esta deriva violenta no es exclusiva de quienes lanzan el objeto, el escupitajo o el insulto a pie de calle. Empieza mucho antes, alentada y oxigenada por formaciones políticas como el Partido Popular (PP) y Vox, que respaldan, legitiman y acuden a movilizaciones donde proliferan los discursos de odio, el revisionismo histórico y las consignas abiertamente racistas. Al acusar sistemáticamente a los medios tradicionales, autonómicos y públicos de ser «aparatos de propaganda», «manipuladores» o «enemigos del pueblo», estos partidos agitan un avispero institucional que busca desumanizar al trabajador para que sus bases radicales se sientan con el derecho moral de asaltarlo en la vía pública.
Este hostigamiento callejero contra la prensa y la oposición guarda inquietantes paralelismos históricos con el clima previo a la Guerra Civil española. En los años anteriores a 1936, milicias radicales como las de la Falange perfeccionaron una estrategia de agitación y violencia callejera sistemática. Mediante atentados, boicots a publicaciones de izquierda y linchamientos públicos de distribuidores de prensa y opositores, el fascismo primigenio buscaba forzar el colapso del orden democrático a base de infundir terror. Hoy, la táctica de ocupar el espacio público mediante la intimidación directa y el hostigamiento a los testigos incómodos revive el manual de aquellas fuerzas desestabilizadoras que dinamitaron la convivencia para justificar un régimen autoritario.
A este incendiario panorama político se suma una preocupante complicidad policial y judicial que cronifica la impunidad de la extrema derecha. Sindicatos de periodistas y organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado abiertamente el sesgo y la pasividad de las fuerzas de seguridad, que en demasiadas ocasiones actúan tarde, miran hacia otro lado o deciden que la solución es apartar a los reporteros de la zona en lugar de detener a los agresores. Esta desprotección en las calles encuentra un fiel reflejo en los juzgados, donde el amparo legal a los informadores brilla por su ausencia; las denuncias se diluyen en la burocracia, se califican como meros hurtos o altercados menores, o se archivan directamente sin consecuencias reales para los implicados.
Esta red de señalamiento político, impunidad callejera y desmantelamiento institucional no es un fenómeno exclusivo de las fronteras españolas. Conecta de forma directa con la agenda global de la nueva ultraderecha. Lo vemos en Argentina con Javier Milei, cuyo mandato se ha caracterizado por la clausura forzosa de medios públicos como la agencia Télam y el ahogamiento financiero a la prensa crítica. Se replica en el discurso trumpista en Estados Unidos, donde Donald Trump instaló la doctrina de los medios como «enemigos del pueblo» para deslegitimar cualquier contrapeso informativo. Cruza el Atlántico hacia Israel, donde el gobierno de Benjamin Netanyahu ha perseguido activamente e ilegalizado la emisión de cadenas internacionales críticas, reduciendo el periodismo libre a una cuestión de seguridad estatal. E impacta de lleno en América Latina, donde el ascenso de figuras radicales como Abelardo de la Espriella en Colombia demuestra cómo el populismo de derechas utiliza la militarización del discurso y la estigmatización de la izquierda para justificar un retroceso democrático autoritario. En todos estos casos, la hoja de ruta es idéntica: asfixiar la verdad, perseguir al disidente y blindar al violento.
Porque la prensa es solo el primer dique de contención, el testigo incómodo que hay que deponer antes de ejecutar planes mayores. La historia demuestra con dolorosa claridad que cuando se tolera la violencia contra los narradores de la realidad, el abanico de objetivos se amplía de forma inmediata. Los próximos en la lista de estas agresiones organizadas serán, inevitablemente, los eslabones que la ultraderecha considera sobrantes o peligrosos para su idea de nación: los colectivos LGTBI, las personas migrantes y los militantes y sedes de la izquierda. El clima de asedio que se está gestando y permitiendo en las calles evoca de forma alarmante los peores fantasmas de nuestro pasado, replicando una dinámica de persecución ideológica e identidad que recuerda a las razzias del franquismo, donde la disidencia, la diversidad y la diferencia eran cazadas y castigadas físicamente bajo el amparo, el silencio o la mirada cómplice del aparato estatal.
Ante una ofensiva de esta magnitud, la tibieza y el silencio son formas de colaboración. No podemos seguir asistiendo a esta degradación democrática como meros espectadores de televisión o comentaristas de redes sociales; es hora de que la sociedad civil, los colectivos sociales, los sindicatos y la ciudadanía de a pie salgamos a recuperar el espacio público que la ultraderecha pretende patrimonializar mediante el terror. Exigir responsabilidades penales inmediatas para los agresores, la depuración de las conductas policiales cómplices y blindar activamente a las minorías señaladas no es una opción política, sino un deber de legítima defensa democrática. Si permitimos que apaguen las cámaras y silencien las voces disidentes, lo siguiente que perderemos será nuestra propia libertad. La democracia no se defiende retrocediendo, se defiende ocupando la calle con más periodismo, más diversidad y más firmeza frente al fascismo.
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