Opinión

Figaredo huele sangre

«El sistema público de pensiones es el eje de la solidaridad entre generaciones. Cambiarlo por el negocio privado es destruir la dignidad de la vejez.»

José Luis Sampedro

Bajo la alarmista premisa de que el sistema público de pensiones «es un zombi» y que «lo han quebrado», el secretario general y diputado de Vox, José María Figaredo, ha destapado en una entrevista en El Debate lo que muchos temían: la hoja de ruta económica de un hipotético gobierno de coalición con el Partido Popular. La propuesta de aplicar una «reforma drástica» para imponer un modelo mixto —donde el Estado reduce su cobertura y obliga al ciudadano a recurrir a planes privados o cuentas de ahorro— no es una solución técnica, es un ataque directo a la línea de flotación de la clase trabajadora.

El uso de un lenguaje catastrófico para deslegitimar los servicios públicos es una estrategia vieja y predecible del fascismo. Declarar la defunción de la Seguridad Social solo busca generar miedo entre la población para que acepte, como un mal menor, la entrega de sus ahorros de toda la vida a los mercados financieros, fondos de inversión y aseguradoras privadas.

Quienes defienden este modelo de privatización encubierta ignoran de forma deliberada la realidad material de la España actual. Exigir la capitalización individual en un mercado laboral marcado por salarios de subsistencia, contratos temporales y precariedad crónica es una burla cruel. Un joven que no puede independizarse, un autónomo ahogado por los gastos o una limpiadora con contratos a tiempo parcial no eligen no ahorrar; sencillamente, el sistema productivo actual no se lo permite.

Esta doctrina no surge del vacío, sino que conecta directamente con una arraigada tradición de desdén institucional hacia los trabajadores y los sectores más vulnerables. Desde la izquierda y los sindicatos se denuncia con frecuencia la persistente falta de respeto que se remonta a los años de Gobierno de José María Aznar y que hoy continúa de forma agresiva a través de figuras como Isabel Díaz Ayuso. Lejos de frenar esta deriva, el candidato a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, ha certificado y normalizado estos discursos vergonzosos; un ejemplo claro fue cuando calificó el absentismo y las bajas por enfermedad como un «cáncer» que el país no puede pagar, sugiriendo incluso que las personas enfermas deberían cobrar menos. Se consolida así un marco político donde el trabajador ya no es un sujeto de derechos que proteger, sino una carga bajo sospecha permanente.

La trampa de desplazar la responsabilidad de la jubilación hacia el bolsillo individual rompe definitivamente con el principio de solidaridad intergeneracional consagrado en la Constitución. Las pensiones dejan de ser un derecho universal y garantizado para convertirse en una lotería financiera. Aquellos con sueldos elevados mantendrán su nivel de vida, mientras que la inmensa mayoría de la población que ha encadenado empleos precarios quedará condenada a la exclusión en la vejez.

El peligro de estas recetas económicas y de la devaluación de la red de seguridad social no es puramente teórico; tiene un reflejo directo en las agresivas políticas de «motosierra» aplicadas en la Argentina de Javier Milei, donde el feroz ajuste fiscal ha triturado el poder adquisitivo de los pensionistas. No se trata solo de números fríos en un balance estatal, sino de vidas rotas: la asfixia económica extrema y la imposibilidad de afrontar alquileres o medicamentos han empujado a situaciones trágicas, llegando a registrarse desgarradores pactos suicidas de matrimonios de jubilados superados por las deudas. Desmantelar el Estado del bienestar bajo la premisa de la privatización y el recorte de derechos no es gestión económica responsable; es desproteger estructuralmente a la vejez y arrastrar a los más vulnerables a una precariedad que, llevada al extremo, cuesta vidas humanas.