«Algún día, cuando mi hija de 4 años lea sobre Gaza me preguntará ‘¿cómo pasó esto?’. Y al menos podré decirle: ‘Hice lo que pude.»
Arwa Mahdawi
A medida que se acerca el 29 de noviembre, fecha marcada en el calendario para las elecciones generales en España, el debate público suele centrarse en las cifras macroeconómicas, los pactos territoriales o la gestión de los servicios públicos. Sin embargo, existen cuestiones que trascienden más allá de las políticas económicas porque interpelan directamente a nuestra ética colectiva y al papel que se debería desempeñar en el mundo.
Una de ellas, quizá la más desgarradora de nuestro tiempo, es la postura de España ante el sufrimiento del pueblo palestino. Resulta profundamente inquietante contemplar la posibilidad de que, tras la cita con las urnas, la gobernabilidad del país pueda recaer en dos formaciones políticas que, lejos de ejercer una presión firme en defensa del derecho internacional y los derechos humanos, han justificado o respaldado sin fisuras las acciones criminales del Gobierno fascista israelí. Cuando el poder político normaliza o blanquea lo que amplios sectores de la sociedad civil y organismos internacionales denuncian como un genocidio sobre la población civil en Gaza, la política exterior deja de ser una cuestión diplomática para convertirse en un problema moral de primer orden.
Un país democrático debe ser el reflejo de sus valores internos. España ha mantenido históricamente una sensibilidad especial hacia la causa palestina, impulsando incluso medidas de reconocimiento diplomático y restricciones comerciales en el ámbito europeo. Dar un giro de ciento ochenta grados hacia la complacencia absoluta con las políticas de ocupación y castigo colectivo no solo supondría romper ese consenso ético, sino situar al Estado español en el lado equivocado de la historia, ignorando el clamor de una ciudadanía que exige justicia y el fin de la impunidad.
Votar el 29N implica decidir quién gestionará nuestros recursos, pero también quién hablará en nuestro nombre cuando se trate de defender la dignidad humana más allá de nuestras fronteras. La coherencia democrática exige no mirar hacia otro lado ante el dolor ajeno y recordar que el silencio o el respaldo incondicional ante la barbarie de unos nazis nunca pueden ser la base de un proyecto de gobierno digno.
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