Opinión

La mala educación de Ayuso

«La protesta social no es un problema, es un síntoma de que algo no funciona y necesita ser escuchado.»

Naomi Klein

La huelga indefinida del profesorado en la Comunidad de Madrid no es un conflicto laboral aislado, sino el síntoma de una fractura estructural profunda. La respuesta del Gobierno regional, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, ha seguido un guion predecible pero alarmante: descalificar la protesta, criminalizar las demandas y utilizar el insulto como cortina de humo para desviar la atención de lo verdaderamente importante. Esta «mala educación» institucional no es un mero arrebato de soberbia, sino una estrategia política calculada para invisibilizar una denuncia unánime: el desmantelamiento sistemático y la privatización encubierta de la educación pública madrileña.

Cuando los docentes deciden ir a la huelga indefinida, asumiendo el enorme coste económico y personal que ello implica, lo hacen por dignidad y por el futuro de las aulas. Reducir sus reivindicaciones —que exigen la bajada de ratios para atender la diversidad, el fin de la precariedad interina, el aumento de plantillas y una inversión real— a supuestos intereses “mafiosos”, «políticos» o «privilegios» es una falta de respeto intolerable hacia un colectivo exhausto. Al insultar a los profesores, acusándolos de absentismo encubierto o de estar manipulados, la presidenta no solo ataca a los profesionales, sino que desprecia el derecho de las familias madrileñas a una educación pública de calidad.

Detrás de la retórica agresiva del Ejecutivo autonómico se esconde un modelo ideológico que busca convertir un derecho constitucional en un negocio de mercado. Mientras los institutos y colegios públicos de los barrios y municipios de la región sufren la falta de personal, retrasos en las obras y la escasez de los recursos más básicos, las licitaciones de suelo público para centros privados-concertados y las deducciones fiscales para las rentas más altas no dejan de crecer. El objetivo parece claro: ahogar por inanición al sistema público para empujar a las familias hacia el sector privado, consolidando un modelo segregador donde el poder adquisitivo determine el éxito educativo.

Esta deriva despectiva no es un hecho aislado, sino el reflejo de la asimilación definitiva de las posturas más reaccionarias de la ultraderecha fascista. La confluencia ideológica entre el Gobierno de Ayuso y Vox ha normalizado un discurso que señala al funcionariado, demoniza los servicios colectivos y desarticula el Estado social desde las propias instituciones. Al abrazar sin complejos esta agenda ultraderechista, el Partido Popular de Madrid renuncia a la centralidad para abrazar el dogma del sálvese quien pueda, donde la sanidad y la escuela pública se convierten en objetivos prioritarios para el enriquecimiento ilícito.

Frente a este hostigamiento institucional, la dignidad de las comunidades educativas se alza como el último dique de contención. La huelga indefinida del profesorado madrileño, lejos de amedrentarse ante la desproporción de la violencia policial y las detenciones, se ha convertido en un símbolo poderoso de esperanza y conciencia social. En un eco alarmante de cómo la historia se repite cuando la reacción busca imponerse, este ensañamiento contra las aulas evoca la memoria de las maestras y maestros represaliados, depurados y asesinados por el franquismo, cuyo único delito fue sembrar pensamiento crítico e igualdad a través de la escuela pública. Al defender sus centros frente a la represión y la fuerza del Estado, los docentes de hoy recogen ese hilo histórico de dignidad, demostrando que la solidaridad colectiva sigue siendo inmune al autoritarismo. Su resistencia no es solo una movilización laboral, sino una lección magistral de civismo democrático que mantiene viva la memoria y el futuro de una sociedad que no debemos permitir que vuelva de nuevo a la oscuridad.