18 de noviembre de 2026

Antesala del tiro en la nuca

«En Alemania, los jueces de la República de Weimar eran ciegos del ojo derecho.»

Kurt Tucholsky 

En mi familia conocemos de primera mano el precio de mirar hacia otro lado cuando el odio empieza a organizarse. Sabemos lo que ocurre cuando los discursos que llaman a la violencia y al «alzamiento» se minimizan como simples exabruptos de unos pocos exaltados. Mi propio abuelo yace en la fosa común del cementerio de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, asesinado durante la represión franquista junto a tantos otros por una maquinaria que antes de imponerse por las armas se dedicó a señalar, deshumanizar y preparar el terreno desde las instituciones y las calles.

Por eso, al leer las noticias sobre la operación policial contra Núcleo Nacional, las armas y la munición incautadas, los planes para atentar contra autoridades democráticas —llegando a hablar de matar de un tiro en la cabeza al presidente—, la captación de menores de edad para adiestrarlos en el odio y su capacidad económica millonaria para alquilar locales a precios desorbitados por toda España, resulta imposible no sentir un escalofrío que atraviesa generaciones. No es solo una crónica de sucesos. Es el eco de una historia que creíamos superada, pero que hoy vuelve a mostrar su rostro más inquietante: la permeabilidad entre sus guaridas fascistas donde se acumulan armas, los parlamentos donde se deciden nuestras leyes y una justicia que mide con distinto rasero según de qué lado venga la amenaza.

Resulta profundamente alarmante comprobar que la frontera entre estos grupos neonazis y determinados sectores de la derecha y la ultraderecha institucional española no es un muro infranqueable, sino una puerta giratoria de simpatías, respaldo y blanqueamiento. Mientras sus dirigentes oficiales intentan marcar distancias de boquilla ante los focos, las imágenes no mienten: cargos públicos de Vox, como su presidente en Tarragona y diputado en el Parlament, Sergio Macián de Greef, o su portavoz en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, han lucido con total naturalidad la pegatina con el emblema de Núcleo Nacional en sus ordenadores portátiles en plenas sesiones parlamentarias.

A esta normalización política se suma una pasividad judicial que clama al cielo. Resulta imposible no preguntarse qué habría ocurrido si una organización con semejante arsenal de armas, munición, planes concretos y células de adiestramiento hubiera sido de izquierdas o si sus integrantes hubieran llevado un apellido vasco. En ese escenario, nadie duda de que la maquinaria de la Audiencia Nacional y la ley antiterrorista se habrían aplicado de forma fulminante e implacable: todos estarían ya detenidos bajo régimen de incomunicación, sometidos a interrogatorios exhaustivos con los mismos métodos de excepción conocidos de sobra en este país y enviados de inmediato a prisión preventiva. Sin embargo, cuando quienes se arman y planifican magnicidios exhiben simbología fascista, la causa queda en un juzgado ordinario, se diluye en tecnicismos sobre licencias de armas y los detenidos salen en libertad provisional a los pocos días. Esa doble vara de medir envía un mensaje de impunidad devastador.

Cuando un representante público exhibe en su escaño el símbolo de una estructura paramilitar y los tribunales evitan aplicar la ley antiterrorista a quienes preparan un golpe violento, la democracia queda desarmada frente a sus enemigos. Para quienes crecimos sabiendo que los huesos de nuestros mayores siguen enterrados en fosas y cunetas sin haber recibido aún justicia ni sepultura digna, esta combinación de blanqueamiento político y benevolencia judicial supone una amenaza física y real.

El peligro de volver a ser señalados, perseguidos o asesinados en cualquier momento por defender la libertad deja de ser una pesadilla del pasado cuando quienes sueñan con «golpes y exterminios” ven sus siglas estampadas en los ordenadores de ciertos diputados y comprueban que acumular armas apenas tiene consecuencias inmediatas. La historia nos enseñó que las balas que se llevaron por delante a mi abuelo y a tantos otros cientos de miles como el poeta Federico García Lorca se cargaron primero con la tinta de quienes los señalaron como enemigos de la patria, con la complicidad de quienes les abrieron las puertas del poder y con la inacción de quienes debían proteger la legalidad.

La memoria democrática no es un ejercicio de nostalgia ni un ajuste de cuentas; es un sistema de alerta temprana para salvar vidas hoy. Recordar a los asesinados en miles de cunetas sirve para reconocer el peligro antes de que sea tarde: primero se blanquea el discurso, después se normaliza la propaganda en el portátil de un diputado, más tarde se alquilan locales a precio de oro para adiestrar menores con total permisividad y, finalmente, se desenfunda el arma contra cualquiera que piense diferente.

Exigir que se aplique de forma inmediata todo el rigor de la legislación antiterrorista sin distinciones ideológicas sobre quienes planifican golpes y acumulan arsenales, así como reclamar un cordón sanitario real frente a los que los amparan desde las instituciones y los grandes partidos reaccionarios, no es nada fuera de lo normal. Es legítima defensa democrática. Porque quienes pagamos con sangre la quiebra de la convivencia sabemos que, frente al fascismo armado, sus cómplices políticos y la tibieza judicial, guardar silencio nunca es neutral: es abrir la puerta para que se vuelva a repetir la historia.

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