Opinión

Amargo abismo

Captura de vídeo de la organización neonazi Núcleo Nacional

«Todo fascismo tiene su origen en el pensamiento de que todo extranjero es un enemigo».

Primo Levi

El auge de la extrema derecha en Europa ha dejado de ser una simple batalla de discursos inflamados en redes sociales para convertirse en algo mucho más tangible y peligroso. La reciente filtración de unos vídeos que muestran a miembros del grupo neonazi español Núcleo Nacional realizando entrenamientos militares, tácticas de combate y prácticas de tiro en Ucrania no es una anécdota; es una señal de alarma que no podemos permitirnos ignorar.

Resulta profundamente perturbador ver cómo ciudadanos de un supuesto Estado democrático viajan a un país devastado por la guerra no para prestar ayuda humanitaria, sino para empuñar armas de fuego y asimilar destrezas de combate. El fascismo, históricamente, siempre ha necesitado de la fuerza y de la estética de la violencia para validarse. Cuando la retórica de odio encuentra un espacio de instrucción militar real, la amenaza cambia de escala.

Esto nos obliga a plantearnos una pregunta incómoda pero urgente: ¿cuál es el objetivo real de que estos individuos adquieran una formación militar formal?

Un ciudadano común no necesita saber desmontar un fusil de asalto a contrarreloj ni coordinar emboscadas tácticas. Tampoco lo necesita un partido político que pretenda operar dentro de las reglas del juego democrático. La acumulación de este tipo de conocimiento operativo por parte de una organización que ya aglutina a remanentes de grupos ultras violentos y facciones radicales solo puede responder a una lógica de confrontación. ¿Para qué se preparan? ¿Qué pretenden hacer con esa instrucción cuando regresen a nuestras calles?

La historia nos ha enseñado, a un coste altísimo, que el fascismo nunca se modera por sí solo. Se alimenta de la pasividad institucional y de la normalización de sus conductas. Permitir que facciones extremistas utilicen escenarios bélicos internacionales como campos de entrenamiento privados es un riesgo directo para la convivencia y la seguridad colectiva.

Este fenómeno no ocurre en el vacío. Se nutre de una alarmante contradicción geopolítica: la coincidencia de que batallones locales de corte similar, como el Batallón Azov —integrado formalmente en la Guardia Nacional ucraniana—, reciben armamento, legitimidad y sostenimiento logístico por parte del gobierno de Volodímir Zelenski. Una infraestructura militar que se financia indirectamente en el marco de la asistencia económica global y los millonarios fondos de defensa provistos por la Unión Europea. Al amparo de la urgencia bélica, se ha acabado validando y armando a facciones extremistas sobre el terreno, creando el caldo de cultivo idóneo y el efecto llamada para que radicales de toda Europa acudan a profesionalizar su fanatismo.

A todo esto se suma una realidad difícil de digerir: la flagrante tibieza y pasividad institucional. Mientras los movimientos sociales de izquierda, colectivos antifascistas o el activismo pacífico sufren de inmediato el peso de la infiltración policial, el espionaje de Estado y una aplicación inmediata de las leyes antiterroristas, las organizaciones de corte neofascista parecen operar en un cómodo limbo de impunidad. La inacción de la judicatura y de las cúpulas de seguridad ante un grupo de radicales que viaja a un conflicto bélico a aprender técnicas avanzadas de combate es incomprensible. ¿Dónde están la Fiscalía General del Estado o la Audiencia Nacional que no actúan de oficio ante evidencias explícitas de adiestramiento paramilitar difundidas en redes sociales?

La pregunta final que debemos hacernos, y que la complacencia institucional evita formular, es tan compleja como ineludible: ¿qué sucederá si esta instrucción militar acaba derivando en un atentado o en una tragedia irreparable en nuestras calles? Si el Estado de derecho sigue esperando a que la violencia neofascista se materialice de forma trágica para reaccionar con el rigor que hoy le falta, la responsabilidad será compartida. Recaerá tanto en las dinámicas de absoluta pasividad que legitimaron esos entornos de instrucción paramilitar como en las instituciones judiciales y policiales que no supieron actuar a tiempo. El antifascismo y la prevención de la violencia radical no son opcionales; son un cordón sanitario democrático que debe aplicarse ahora, antes de que tengamos que lamentar las consecuencias de una inacción que pone en peligro las vidas de toda persona que no piense como ellos.