Opinión

El olvido oficial

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«Ocurrió, por lo tanto puede volver a ocurrir; esto es la esencia de lo que tenemos que decir».

Primo Levi

La muerte de mi padre, Diego González García, a los 92 años, es el doloroso testimonio de una injusticia perpetuada por el Estado. Se marchó con la mirada puesta en la tierra compactada del Cuartel 6 del Cementerio de Vegueta, con la frustración de no haber podido cumplir la promesa que gobernó su vejez: rescatar los restos de su padre, Francisco González Santana, y darle una sepultura digna.

Francisco, uno de los «Cinco de San Lorenzo», fue fusilado por el fascismo en 1937. Casi un siglo después, su cuerpo sigue sepultado bajo el peso del olvido oficial, víctima de un boicot institucional sistemático que ha convertido el derecho a la memoria en una carrera contrarreloj que el Estado nos dejó perder deliberadamente.

El drama de mi familia no es un hecho aislado; es el fiel reflejo de una herida colectiva que supuran decenas de hogares canarios. Las administraciones públicas han gestionado la memoria histórica bajo una estrategia inhumana: la prórroga biológica.

Escudándose de manera recurrente en falsas «dificultades técnicas» y laberintos burocráticos, han dejado correr el reloj a sabiendas de que los hijos de los represaliados envejecían y morían en el desamparo. Esta inacción no es incompetencia; es una decisión política orientada al desgaste.

Es obligar a los ancianos a consumir sus últimos alientos en reuniones institucionales vacías, recibiendo promesas electorales que se evaporaban al día siguiente de los comicios.

Frente a la desidia institucional, las familias nos hemos visto abocadas a la privatización del dolor y a la revictimización constante. Se nos ha exigido asumir la carga de la prueba, convirtiéndonos en investigadores y arqueólogos improvisados.

Recientemente, la Agrupación FFCC Vegueta ha tenido que presentar un nuevo informe técnico demoledor con datos extraídos de archivos militares que detallan la localización exacta y amplían el censo de víctimas. Cada traba administrativa, cada silencio institucional, ha funcionado como una agresión psicológica que prolonga el trauma y congela el duelo de generaciones enteras. Nos han hecho mendigar la justicia que una democracia sana debería aplicar de oficio.

Mi padre, Diego González, se fue con las manos vacías pero con la dignidad intacta, legándonos la responsabilidad moral de derribar el muro del olvido. Por ello, este dolor se transforma hoy en una exigencia inequívoca y directa con nombres y apellidos. Señora alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias San Sebastián; Señor presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales Méndez; señora Consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto Hernández; Señor Ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres Pérez: El fallecimiento de mi padre y la de otros familiares mayores sin justicia y reparación es su responsabilidad moral y su fracaso político.

Ya no valen las palabras de solidaridad ni los actos de homenaje vacíos. Tienen sobre sus mesas los indicios técnicos, el censo actualizado de los represaliados y el marco que les brinda la Ley de Memoria Democrática.

Mantener un centenar de cuerpos hacinados bajo cal y cemento los convierte en cómplices por omisión del horror tras el golpe fascista del 36. Les exigimos la firma inmediata en cumplimiento de la Ley las órdenes de cata arqueológica y el inicio urgente de la exhumación en Vegueta.

No permitiremos que sigan ganando tiempo para que mueran más abuelos. Mi padre ya no llegará a ver a Francisco, pero los nietos y biznietos estamos aquí para exigirles que abran esa fosa de una vez por todas. La historia y la justicia democrática los están juzgando.