«Cuando el orden es la injusticia, la autoridad es el crimen.»
Alfonso Sastre
La indignación no es para menos. Lo vivido el pasado fin de semana en las calles de Palma de Mallorca no es un hecho aislado, sino el reflejo de una preocupante deriva en la gestión del orden público en España. Decenas de miles de personas —familias con niños, trabajadores, jóvenes— salieron a manifestarse de forma pacífica bajo un clamor legítimo: el colapso de una isla asfixiada por la masificación turística y la especulación. La respuesta estatal, sin embargo, no fue la escucha ni la protección del derecho a la protesta, sino las porras, las cargas y un saldo de ocho heridos que congela la sangre.
Resulta imposible no caer en la comparación de agravios. Mientras el derecho a la vivienda, la justicia social o el ecologismo se topan sistemáticamente con muros policiales y respuestas de una dureza desmedida, asistimos estupefactos al trato de favor que reciben las movilizaciones de la extrema derecha. Concentraciones de tintes neofascistas, que vulneran flagrantemente la Ley de Memoria Democrática y exudan odio en cada consigna, avanzan con frecuencia escoltadas, protegidas y con una permisividad institucional que roza la complicidad. ¿Dónde están ahí las tanquetas? ¿Dónde los despliegues preventivos?
En el centro de esta diana se encuentra, una vez más, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Su gestión al frente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado arrastra una sombra alargada. Para muchos, resulta inevitable vincular la contundencia actual con los episodios de su pasado judicial en el País Vasco, una etapa marcada por las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España por no investigar denuncias de malos tratos bajo su tutela. Esa aparente insensibilidad ante los excesos del aparato estatal parece haberse enquistado en su modelo de seguridad actual.
No se puede sorber y soplar al mismo tiempo. Un Gobierno que se autodenomina progresista no debe amparar que se muela a palos a ciudadanos que defienden el futuro de sus territorios mientras se le hace el pasillo a la intolerancia violenta. Cuando la policía se convierte en el escudo de los intereses fácticos frente a las demandas sociales básicas, la democracia se debilita. El delegado del Gobierno en Baleares ha tildado las cargas de «inaceptables»; ahora falta ver si esas palabras se traducen en su dimisión inmediata, en ceses y asunción de responsabilidades reales, o si se quedarán, como siempre, en papel mojado.
Desde una perspectiva estrictamente constitucional, la intervención en Palma supone un ataque frontal al núcleo del artículo 21 de la Constitución Española, el cual garantiza el derecho de reunión pacífica y sin armas sin necesidad de autorización previa. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) es tajante al exigir que la fuerza policial sea el último recurso y se rija bajo los principios de oportunidad, congruencia y estricta proporcionalidad. Cuando se disuelve a porrazos una movilización mayoritariamente pacífica por altercados aislados, se produce un «efecto desaliento» que criminaliza la protesta social y vulnera los estándares internacionales de derechos humanos, transformando una potestad de orden público en un mecanismo de castigo ilegal contra la disidencia.
Viendo el despliegue y la soltura con la que se saca a pasear el bastón de mando contra colectivos sociales y movilizaciones obreras, casi dan ganas de sugerirle al bloque de la derecha que se ahorre el casting de ministros de cara al futuro. Si el tan temido Gobierno de coalición entre el PP y Vox llega alguna vez a consumarse, no necesitarán buscar perfiles duros en las filas de la extrema derecha para la cartera de Interior; les bastará con mantener a Grande-Marlaska en el puesto, pues ha demostrado tener las cualidades, la mano dura y la perfecta ceguera selectiva que complacerían al mismísimo Santiago Abascal.
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