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«Lo que no se pudo decir por el miedo, la represión o el desbordamiento psíquico fue transmitido por nuestros abuelos a nuestros padres de una forma no verbal».
Clara Valverde
La violencia política nunca termina con el último disparo ni se disuelve con un pacto de silencio. El trauma provocado por la represión de Estado posee una mecánica de transmisión transgeneracional que actúa como un virus invisible, mutando silenciosamente de padres a hijos, y de hijos a nietos. Quienes estudian la memoria histórica y la psicología social advierten que el síndrome de transmisión generacional del trauma por violencia política no es una abstracción teórica; es una herida psíquica latente que moldea el comportamiento, la salud mental y el tejido democrático de sociedades enteras.
Durante décadas, bajo regímenes autoritarios como la dictadura franquista en España, el miedo y el castigo se utilizaron deliberadamente para inocular el terror colectivo. Las víctimas directas sufrieron el fusilamiento, la cárcel o la desaparición forzada. Sin embargo, la violencia institucional no concluyó ahí: se institucionalizó a través de un pacto social e inconsciente de silencio absoluto. El mandato familiar y social fue claro: «No hables, no signifiques, no reclames».
Este silencio impuesto, lejos de borrar el sufrimiento, operó como un mecanismo de transmisión negativa. La incapacidad para procesar el horror de forma colectiva y familiar derivó en lo que autores como Clara Valverde definen como síntomas indirectos: depresiones crónicas, crisis familiares, conductas defensivas y un miedo paralizante a la autoridad. Los hijos y nietos heredan la angustia y la desconfianza sistémica de unos ancestros que nunca pudieron nombrar su dolor ni cerrar el duelo.
La persistencia de fosas comunes sin abrir, como la fosa del cementerio de Vegueta en Canarias, actúa como un símbolo físico de este síndrome psicológico. Cada fosa cerrada perpetúa el trauma histórico al negar el reconocimiento público de los hechos. Cuando el Estado esquiva la exhumación y la identificación, priva a las generaciones posteriores de la oportunidad de reconstruir su propia biografía familiar. La reparación y las excavaciones arqueológicas no son meros actos forenses; son intervenciones terapéuticas de urgencia para detener la cadena de transmisión del daño psicosocial.
Sanar el presente exige, de manera obligatoria, desenterrar las palabras que el pasado censuró. Ignorar el síndrome del trauma intergeneracional condena a una sociedad a la polarización crónica, a la parálisis social por el miedo heredado y a la perpetuación de un luto inacabable. Abrir las fosas es la única vía real para cerrar, por fin, las heridas en la mente de los descendientes.
Comprender la dimensión del trauma transgeneracional en el archipiélago exige nombrar la realidad por su nombre: en Canarias no hubo confrontación armada generalizada, hubo un genocidio fundacional. A diferencia de la península, donde los frentes militares dividieron el territorio, en las islas el golpe de Estado triunfó de forma casi inmediata. La violencia desatada no respondió a las dinámicas de un conflicto armado, sino a una estrategia planificada de limpieza ideológica y social. Se persiguió, detuvo y exterminó a la vanguardia democrática, sindical y cultural de una sociedad que había apostado firmemente por las reformas de la Segunda República.
Este modelo de represión marítima e insular convirtió a las islas en un laboratorio de terror. Las detenciones masivas en los campos de concentración de Gando o la Isleta, el confinamiento en los «barcos prisión» de Tenerife y las sacas nocturnas arrojadas al mar o a los pozos de las islas configuraron un paisaje de horror sistemático.
En Gran Canaria, la fosa común de Vegueta se convirtió en el destino final de un centenar de republicanos e izquierdistas fusilados tras consejos de guerra farsa. Este exterminio, ejecutado de espaldas a la población pero diseñado para que su eco sembrara el pánico absoluto, buscaba la destrucción deliberada, total o parcial, de un grupo político y social específico, cumpliendo con la definición histórica y jurídica de genocidio.
El peso de este genocidio canario se agrava por la geografía del aislamiento. En un territorio fragmentado por el mar, el control social y el estigma sobre las familias de las víctimas fue asfixiante y omnipresente. Los huérfanos del franquismo crecieron cruzándose diariamente por la calle con los delatores y verdugos de sus padres, bajo la amenaza constante de correr la misma suerte si rompían el mandato de silencio. Por eso, el desprecio administrativo actual hacia la excavación de la fosa de Vegueta no es solo un descuido burocrático.
El flagrante incumplimiento de la vigente Ley de Memoria; es la perpetuación de un castigo histórico que sigue negando la condición de víctimas de lesa humanidad a quienes defendieron la libertad y la democracia en las islas.
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