30 de julio de 2026

Se romperá el silencio

«Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron…»

León Gieco – La memoria

El registro de la Presidencia del Gobierno de Canarias recibió este jueves un documento que no contiene burocracia, sino décadas de dolor contenido y una exigencia ineludible de justicia. La Agrupación FFCC Vegueta, arropada de forma unánime por más de una treintena de colectivos sociales, políticos y sindicales, ha plantado sus reivindicaciones ante las puertas de la consejera Nieves Lady Barreto Hernández. Su mensaje es nítido: el tiempo del luto silencioso y de las dilaciones institucionales ha terminado.

Durante décadas, las administraciones han parecido sufrir de una especie de agorafobia histórica cada vez que se menciona el subsuelo del viejo camposanto de Las Palmas de Gran Canaria. Se prefiere el homenaje abstracto, la oratoria de salón o, en el peor de los casos, el intento de sepultar la memoria real bajo una losa de bronce o una placa conmemorativa. Pero los familiares han dejado claro que la memoria no se pacifica con monumentos superficiales; se repara con arqueología, con rigor científico y con la devolución de los restos a quienes llevan noventa años esperando para darles una sepultura digna.

El paso dado ante Presidencia adquiere un peso incontestable gracias a la reciente aportación de investigaciones basadas en archivos militares. Ya no valen los pretextos técnicos ni las excusas de inviabilidad. Los datos aportados por los investigadores demuestran la existencia de indicios sólidos sobre el paradero de cerca de un centenar de personas fusiladas y represaliadas por el fascismo. Ignorar estas pruebas científicas y documentales ya no sería un acto de prudencia administrativa, sino una manifiesta dejación de funciones bajo la vigente Ley de Memoria Democrática.

El dolor de familias que ven envejecer y morir a sus miembros de mayor edad sin haber encontrado a sus padres o abuelos —como el testimonio vivo de tantos descendientes de sindicalistas y empleados públicos asesinados— es una herida abierta en la calidad democrática de Canarias. Cada día de retraso es un agravio. Las llamadas del colectivo a no descartar la vía judicial frente a la inacción institucional evidencian que la paciencia civil ha llegado a su límite legal.

El Gobierno de Canarias, y específicamente su Consejería de Presidencia, se encuentra ante una encrucijada moral y jurídica. Ya no basta con presidir actos conmemorativos institucionales si al mismo tiempo se esquiva la pala y el laboratorio. La solicitud registrada este jueves no es una petición de favor; es el mandato de una sociedad que se niega a normalizar que quienes defendieron la libertad sigan confinados en el olvido de una fosa común. Es hora de escuchar a todas las familias, abrir la tierra y cerrar, por fin, el duelo de la isla, el corazón destrozado de la memoria.

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