«(…) A mi hermano que estaba en la cuna lo sacaron y lo hicieron un desastre. El médico dijo que era mejor abrigarlo y llevarlo pa casa y allí esperar que se muriera…»
Diego González García
La represión franquista en el antiguo municipio de San Lorenzo, en Gran Canaria, vivió uno de sus episodios más oscuros a finales de diciembre de 1936, ensañándose directamente con la familia del sindicalista Francisco González Santana. Durante la noche de Navidad de ese año, una escuadra de falangistas de la Brigada del Amanecer irrumpió con violencia en su vivienda de Tamaraceite con el fin de capturarlo. Al no localizarlo en el inmueble, los pistoleros desataron su brutalidad contra los presentes: un falangista sacó violentamente de su cuna a Braulio, hijo de Francisco de apenas cuatro meses de vida, y le destrozó la cabeza a golpes en presencia de su madre, Lola García, su tía Rosa y sus hermanos. Este infanticidio conmocionó a la comunidad local y evidenció los extremos de crueldad que estaba alcanzando la persecución política en la comarca.
Apenas unos quince días después de aquella matanza, la misma Brigada del Amanecer desplegó otro operativo, esta vez en el cercano barrio de La Calzada, en la vivienda del militante socialista Juan Sosa Rodríguez. El objetivo prioritario de la requisa no era Francisco González Santana —quien ya se había entregado de forma trágica e inmediata al día siguiente del asesinato de su hijo Braulio para frenar las represalias— sino localizar al propio Juan, quien continuaba evadido y oculto en las cuevas del barranco de la Mina, en San Mateo. Al asaltar el inmueble de La Calzada, los camisas azules se encontraron con una escena que guardaba un dramático paralelismo con el suceso anterior: una vivienda habitada por varios niños y otro recién nacido de apenas un mes que descansaba en una cuna suspendida del techo, todos ellos bajo el amparo de la esposa de Sosa, su cuñada y los hijos de la familia.
A diferencia del asalto de Nochebuena, la dotación falangista actuó en esta ocasión bajo consignas políticas muy específicas. Los falangistas traían instrucciones precisas y directas de la Jefatura Provincial de Prensa y Propaganda del nuevo régimen para que no se les fuera la mano con los menores de edad. El asesinato del pequeño Braulio una semana antes en Tamaraceite había generado una fuerte indignación silenciosa y un grave problema de imagen para las autoridades de la sublevación, lo que obligó a los mandos a frenar los excesos de sus propias brigadas para evitar un impacto irreparable en la opinión pública. Aunque las directrices de propaganda evitaron una nueva tragedia en la cuna de La Calzada, la demostración de fuerza cumplió su función coercitiva e infundió el terror sobre los entornos de los huidos que se escondían en los altos de la isla.
Este control coyuntural sobre la integridad de los menores, motivado únicamente por razones de propaganda, no disminuyó en absoluto el sadismo de los sublevados contra la población adulta. La maquinaria represiva mantuvo intacta su crueldad contra cada persona detenida, sin distinción de género. Decenas de hombres y mujeres de la comarca sufrieron humillaciones públicas, brutales palizas y vejaciones sistemáticas antes de ser ejecutados y desaparecidos. Las mujeres vinculadas a los huidos, lejos de ser respetadas, se convirtieron en blancos preferentes del terrorismo de Estado; fueron rapadas, obligadas a ingerir aceite de ricino y sometidas a torturas psicológicas y físicas feroces en represalia por su militancia o vinculación con sus familiares detenidos, demostrando que la contención ante las cunas no era un acto de piedad, sino una calculada estrategia burocrática.
La implacable persecución contra Juan Sosa Rodríguez se trasladó con fuerza hacia las cumbres, estrechando el cerco sobre el escarpado barranco de la Mina. Al igual que ocurrió con tantos otros republicanos, anarquistas y comunistas de San Lorenzo que buscaron refugio en la orografía de las medianías, la vida de aislamiento en las cuevas se volvió insostenible debido al frío, el hambre y la constante delación alentada por la represión generalizada. Finalmente, tras meses de subsistencia clandestina en las oquedades de San Mateo, Juan Sosa Rodríguez fue localizado y capturado por las fuerzas represivas.
Tras su captura fue conducido a la capital de la isla y confinado en las dependencias policiales de la calle Luis Antúnez, un recinto utilizado entonces como centro clandestino de detención. Allí fue sometido a brutales y sistemáticas sesiones de tortura a manos de sus captores con el fin de quebrar su resistencia. El ensañamiento físico dentro de la comisaría acabó costándole la vida durante los interrogatorios. Para encubrir el asesinato y ocultar las evidencias del maltrato, el régimen recurrió a la desaparición forzada de su cuerpo: sus restos fueron trasladados en secreto y sepultados de forma anónima en la fosa común del cementerio de Vegueta, un espacio que sirvió para ocultar la identidad y el paradero de numerosas víctimas de la represión en Gran Canaria.
Las tragedias entrelazadas de Francisco González Santana y Juan Sosa Rodríguez no constituyeron hechos aislados, sino que formaron parte de la estrategia de exterminio y genocidio político desplegada en Gran Canaria, donde la ausencia de un frente de guerra activo convirtió la violencia en una purga civil sistemática. A través de las Brigadas del Amanecer, las sacas de presos, los asesinatos en los pozos de Arucas, Tenoya, los agujeros y chimeneas volcánicas como la Sima de Jinámar, los apotalamientos en el mar y el enterramiento en las fosas comunes, las autoridades golpistas buscaron la aniquilación total del tejido social democrático, republicano y obrero de la isla. El uso intencionado del terror sistemático y la desaparición forzada de miles de ciudadanos isleños buscaba no solo castigar la disidencia, sino paralizar por completo a las generaciones futuras mediante el trauma colectivo y el silencio impuesto.
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