«Ya se verá lo que será de nosotros cuando hayan pasado cinco años».
Federico García Lorca
El coche de la Guardia Civil bajaba balanceándose por la estrecha pista de tierra que conducía al barranco de Marzagán. Desde la Comandancia de Santa Brígida, el descenso abría una panorámica de hileras verdes donde las fincas de tomateros devoraban el paisaje de bosque termófilo. Abajo, rompiendo el silencio del amanecer, un grupo de jornaleros —mujeres de manos agrietadas y hombres con el sombrero calado hasta las cejas— se manifestaba pacíficamente. No pedían imposibles; solo exigían una jornada laboral de ocho horas y un salario que permitiera llevar el pan a cada familia.
Era la mañana del miércoles 15 de julio de 1936. El sol empezaba a calentar la tierra arcillosa y el aire todavía olía a rocío. Nadie allí abajo, entre consignas apagadas por el cansancio, imaginaba ni remotamente el horror que estallaría apenas unos días después con el golpe militar del 18 de julio.
El vehículo frenó en seco en mitad de la linde, levantando una nube de polvo fino. Los guardias bajaron sin contemplaciones. No hubo avisos ni mediación: disolvieron la concentración a base de golpes abriéndose paso a la fuerza entre los manifestantes. Mientras los gritos de dolor e indignación resonaban en las paredes del barranco, los agentes apresaron a los dirigentes de la Federación Obrera para proceder a su detención.
La violencia no terminó ahí. Al poco tiempo, el rugido de varios motores pesados rompió la calma del valle. De los camiones bajaron decenas de falangistas armados con porras y barras de hierro. Sin mediar palabra, los sicarios se lanzaron contra los trabajadores dispersos, ensañándose con cualquiera que se cruzara en su camino.
El polvo en suspensión apenas dejaba respirar mientras las carreras desesperadas trepaban por las laderas del barranco. Los falangistas perseguían a los obreros entre las tomateras, destrozando las matas a su paso y dando culatazos a quienes caían entre el picón volcánico. Las mujeres intentaban proteger a los heridos con sus propios cuerpos, pero los agresores no hacían distinciones; las fustas y pingas de buey silbaban en el aire antes de impactar contra espaldas y cabezas, dejando un rastro de ropas rasgadas y tierra ensangrentada. La Guardia Civil, impertérrita junto a sus vehículos, vigilaba los accesos de la pista no para frenar la carnicería, sino para asegurarse de que nadie lograra huir del embudo en el que habían convertido el fondo del barranco de Marzagán, legitimando con su silencio la primera de las muchas sangrías que estaban por venir.
Tres días después, el golpe de Estado del 18 de julio dinamitó cualquier garantía legal y convirtió a los dirigentes de la Federación Obrera en el blanco prioritario de la represión militar. Aquellos hombres arrestados en el barranco de Marzagán nunca llegaron a tener un juicio justo; las sacas de presos, los fusilamientos sumarios en el campo de tiro de la Isleta y las desapariciones forzosas marcaron su destino en las semanas siguientes. Sus nombres pasaron a engrosar la lista de los miles de represaliados en la isla de Gran Canaria, borrando el rastro de quienes solo habían exigido una vida digna para la clase trabajadora.
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