Opinión

Censura de la esperanza

Obra censurada «Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva»

«El lobo Franco se enteró que en mi cestita no llevaba solomillo y queso para mi abuelita y al ver que llevaba libros y poesía, mandó su jauría y me detuvo en la Gran Vía».

Gloria Fuertes

No hace falta que vuelvan los censores con manguitos ni los sellos de tinta negra sobre los guiones. Para callar a la gente hoy en día basta con un formulario oficial, un plazo de cinco días hábiles y una cláusula escrita con la suficiente mala intención como para que te lo pienses dos veces antes de rodar una escena. Lo que ocurre en Castilla y León no es una simple anécdota autonómica: es el ensayo general de lo que nos espera en toda España si el PP y Vox llegan juntos a La Moncloa.

Según ha revelado elDiario.es, la Consejería de Cultura de esta Comunidad Autónoma obliga ahora a los cineastas que piden una ayuda para rodar un cortometraje a firmar un compromiso «antiideológico». Tienen que jurar por escrito que su película no incluirá «adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas». Es exactamente el mismo filtro que ya venían exigiendo a los largometrajes.

La trampa es vieja y muy fácil de ver. En la convocatoria nadie explica qué significa exactamente «adoctrinar» ni quién va a decidir qué obra pasa el corte y cuál se queda sin financiación. Cuando te juegas el dinero necesario para sacar adelante tu trabajo bajo una norma tan abierta, el efecto es inmediato: te autocensuras antes siquiera de encender la cámara. Si el consejero de Cultura, José Alberto Díaz Pico, ya parte de la base de que la cultura en su tierra es «sectaria», todo el mundo entiende qué significa para ellos la palabra «neutralidad». Significa no incomodar al poder. Significa callar.

Y no se quedan solo en el papeleo. Hace apenas unas semanas, esa misma Consejería sacó de la programación del Centro Cultural Miguel Delibes la obra Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva, un montaje de teatro documental creado por María San Miguel y la compañía Proyecto 43-2 que aborda el asesinato de Federico García Lorca y los trabajos de exhumación de las fosas del franquismo en el Barranco de Víznar. Para justificar el cerrojazo, la Fundación Siglo alegó unas supuestas reformas «inaplazables» en la sala experimental. Sin embargo, los testimonios internos apuntaron a que la obra incumplía los criterios de «neutralidad ideológica» de la Junta, motivo por el cual la compañía decidió llevar el caso ante la Fiscalía.

La paradoja final dejó en evidencia la maniobra: el montaje terminó representándose en una sala independiente de Valladolid con todas las entradas agotadas. El patrón es cristalino: primero te bajan el telón con excusas técnicas cuando hablas de memoria democrática y después te ponen un documento delante para que firmes tu propia renuncia a incomodar.

Lo que estamos viendo en Castilla y León es una advertencia en toda regla. Los proyectos autoritarios siempre empiezan por el mismo sitio: usando el dinero público para domesticar la cultura, señalando al que piensa distinto y sembrando la sospecha entre quienes cuentan historias. Si este modelo llega al Gobierno de España, no harán falta grandes prohibiciones. Bastará con el miedo a perder una ayuda para que miles de creadores guarden sus mejores ideas en un cajón y nos acabemos acostumbrando al silencio.

En el fondo, no es más que la actualización burocrática de los viejos métodos de control cultural del franquismo, ejecutada hoy por sus herederos ideológicos con corbata y sello oficial. Su objetivo último va mucho más allá de una subvención concreta: es el destrozo anunciado de cualquier expresión artística que pretenda despertar conciencia crítica, defender los derechos humanos o sembrar valores solidarios. Porque lo que de verdad les estorba no es la supuesta falta de neutralidad, sino el arte capaz de hacernos pensar y de recordar que una sociedad libre nunca se construye desde el miedo ni la obediencia.