Derecho a la derecha

«Cuando entré en la sala del tribunal, ellos ya habían tomado una decisión. ¡Ya la habían tomado! Me trataron como a un criminal. No pude decir nada, no pude hacer nada… Solo tuve que quedarme allí.»

Rudolph Petersen

Hablar en España de la Transición es sacudir el polvo de un relato mitificado para destapar un pacto de silencio. Durante décadas, el consenso oficial vendió un tránsito modélico a la democracia; para las familias de las víctimas del franquismo, aquel proceso fue la firma de una impunidad estructural. Hoy, en pleno 2026, la realidad es incontestable: con más de 120.000 demócratas abandonados en fosas comunes y cunetas, España arrastra una anomalía salvaje que la sitúa como el segundo país del mundo con más desaparecidos. Esta fosa abierta no es un descuido histórico, sino el síntoma de un Estado que transmutó las estructuras de la dictadura sin depurar sus cimientos.

La continuidad institucional explica la deriva del presente. El Tribunal de Orden Público (TOP), la maquinaria represiva del franquismo, mutó de la noche a la mañana en la Audiencia Nacional. Los mismos jueces que juraron fidelidad a los Principios del Movimiento conservaron sus poltronas y sus privilegios, transmitiendo un sesgo ideológico ultraconservador a las promociones posteriores. El pilar maestro de este blindaje sigue siendo la inamovible Ley de Amnistía de 1977. Al negarse a derogarla, el Estado ignora deliberadamente el mandato internacional de la ONU, que estipula la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Parte de la judicatura opera así fuera del marco de los derechos humanos, prevaricando por omisión al archivar sistemáticamente las querellas por torturas y ejecuciones fascistas.

El agravio a los familiares ha pasado de la inercia judicial a la complicidad política activa. El desembarco de las coaliciones de derecha y ultraderecha en los gobiernos autonómicos ha desatado una ofensiva radical a través de las llamadas «leyes de concordia». Estas normas blanquean el régimen al eliminar el término «dictadura» de los textos legales, equiparando la violencia de un Estado democrático con el terrorismo de Estado franquista. El desmantelamiento de oficinas de memoria, la supresión de censos y el bloqueo de fondos para exhumaciones constituyen un sabotaje institucional en toda regla. El atropello es tan evidente que los relatores de la ONU dictaminaron que estas leyes «invisibilizan las graves violaciones de los derechos humanos”, obligando al Tribunal Constitucional a intervenir para suspender cautelarmente su aplicación en comunidades como la Valenciana, derogando leyes autonómicas de memoria allá donde gobierna PP-Vox, como en Aragón, Extremadura, Cantabria, Islas Baleares…

Esta Transición inacabada ha desembocado en un proceso de colonización institucional que evoca dinámicas de sometimiento judicial propias de regímenes totalitarios. Sectores clave de la alta judicatura han dejado de actuar como un contrapoder neutral para convertirse en el brazo ejecutor y en la herramienta política de partidos que actúan como herederos ideológicos del fascismo. Asistimos a un fenómeno de «nazificación» conceptual del derecho, donde la legalidad formal se retuerce de manera sistemática para demoler la legitimidad del adversario político, una doctrina que recuerda alarmantemente al Derecho penal de autor diseñado por el jurista nazi Carl Schmitt. En este escenario, el tribunal ya no juzga hechos, sino identidades e ideologías.

A través del activismo judicial o lawfare, se ha consolidado una doble vara de medir penal que persigue con saña inquisitorial cualquier disidencia social, sindical o soberanista de izquierdas, fabricando macrocausas basadas en informes policiales manipulados y querellas de sindicatos de ultraderecha. Al mismo tiempo, esa misma cúpula judicial actúa como un escudo de impunidad para blindar los discursos de odio, la corrupción sistémica de las élites y las tramas reaccionarias. Llamar “hijo de puta” a un presidente de gobierno no es delito, pero sí lo es llamar “gilipollas” a una dirigente ultra. No es una disfunción del sistema; es la utilización deliberada de la judicatura como un búnker político y una trinchera ideológica que busca subvertir el resultado de las urnas cuando este no favorece a la reacción, quebrando el principio de soberanía popular.

Constatar que los nietos ideológicos de quienes fusilaron a nuestros familiares visten en muchos casos hoy la toga y utilizan el derecho como un arma de guerra política confirma el fracaso definitivo del modelo español de impunidad. No se puede edificar una democracia digna de ese nombre sobre una fosa común de más de un centenar de miles de personas amparando a quienes celebran su asesinato.

Mientras los tribunales sigan siendo el último bastión de un nacionalcatolicismo que se niega a acatar los derechos de las víctimas y las reglas del juego democrático, el Estado carecerá de legitimidad moral. La justicia comenzará el día en que el Estado asuma que exhumar la memoria y depurar los tribunales no es una opción partidista, sino una obligación democrática e higiénica inaplazable.

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Francisco González Tejera

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