«Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos.»
Jorge Luis Borges
Desde niño escuché a mi abuela relatar la misma mañana de 1937. El amanecer triste en que se llevaron a mi abuelo con las manos engrilletadas.
Durante décadas, el miedo obligó a bajar la voz. Hoy, como su nieto, la rabia me obliga a levantarla.
Mi abuelo no desapareció; lo asesinaron y lo arrojaron a la fosa común del cementerio de Vegueta. Allí sigue, bajo el suelo de un camposanto municipal, oculto de forma deliberada por una burocracia que pesa tanto como las losas de piedra.
Nos han repetido hasta la saciedad que es «técnicamente imposible» recuperarlos. En 2019 nos dijeron que la fosa era ilocalizable, una excusa perfecta para cerrar los expedientes y mirar hacia otro lado.
Sin embargo, la verdad siempre encuentra una grieta por la que salir.
Investigaciones independientes y datos militares precisos han demostrado que mi abuelo y otras sesenta personas registradas en la oficina cementerial fusiladas en La Isleta, junto a otras, que suman un centenar, arrojadas a ese enterramiento inmundo tras ser asesinadas por los franquistas en distintas circunstancias yacen bajo dos antiguos cuarteles del cementerio.
La imposibilidad nunca fue técnica; siempre ha sido política. Es doloroso ver cómo las instituciones que deberían garantizar la justicia se convierten en muros de silencio.
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática tiene sobre la mesa un proyecto de prospección científica impecable desde hace más de un año.
La Fiscalía de Derechos Humanos también conoce nuestro caso. Nadie responde. El silencio administrativo es la continuación moderna del olvido que impuso el franquismo.
Pero en este desierto institucional, las familias no estamos solas. Nuestra demanda de dignidad cuenta con el respaldo firme de una treintena de organizaciones de la sociedad civil canaria. Sindicatos como CCOO, UGT e Intersindical Canaria, junto a diversos colectivos sociales y partidos políticos, han firmado un manifiesto conjunto para exigir que se rompa este bloqueo. No somos solo unos nietos tercos; es un clamor social que exige responsabilidades legales y humanas.
No buscamos venganza, buscamos reposo. Queremos que la tierra deje de ser una fosa anónima y se convierta en un lugar con nombre y apellidos, con exhumación e identificación, para que cada familia les pueda dar una sepultura digna que les de tranquilidad y paz mental.
Las familias no vamos a claudicar ante el olvido institucional. Exigir la exhumación de mi abuelo, de todos los hombres que siguen ahí bajo la tierra, no es abrir heridas; es cerrar la herida abierta de una democracia que no puede llamarse plena mientras mantenga a sus ciudadanos enterrados en el olvido. Tenemos derecho, nos ampara la Ley.
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