«Cuando la ley se convierte en ley de la porra, la resistencia se convierte en un deber.»
Bertolt Brecht
La agresión policial a una profesora durante la huelga indefinida de educación en Valencia evidencia una quiebra en la neutralidad de las fuerzas de seguridad. Mientras los trabajadores pacíficos son reprimidos con porras y escudos, las manifestaciones ilegales de grupos fascistas gozan de una pasividad institucional que raya en la complicidad.
La escena es intolerable para cualquier sociedad que se pretenda democrática. Una trabajadora de la enseñanza, armada únicamente con su voz y el derecho constitucional a la huelga, termina siendo golpeada por los agentes en las calles de Valencia. Esta contundencia física contra el colectivo docente no busca disolver un disturbio, sino lanzar un mensaje de intimidación colectiva. Se persigue quebrar la resistencia de unos profesionales agotados por los recortes, sustituyendo la negociación política por el impacto de la defensa policial. Mientras la violencia física se ejecuta en la calzada, la violencia burocrática se perpetra en los despachos mediante servicios mínimos abusivos y el desprecio al disidente.
La gravedad del asunto adquiere tintes institucionales alarmantes al desvelarse la identidad del atacante: el policía agresor no era un agente raso sobrepasado por la tensión del momento, sino el propio inspector de seguridad responsable de coordinar todo el operativo antidisturbios. Que la máxima autoridad encargada de garantizar la proporcionalidad, la templanza y el cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad sea quien empuñe la porra contra una funcionaria pacífica demuestra que la brutalidad no es un exceso individual, sino una directriz que emana directamente de la cadena de mando. Cuando la jefatura del operativo se convierte en el brazo ejecutor de la agresión, la desprotección del ciudadano frente al abuso de poder del Estado es absoluta.
Este hecho conecta directamente con el flagrante doble rasero que exhiben los mandos policiales. En los mismos escenarios urbanos donde este inspector de seguridad ordena cargar contra maestros y trabajadores de la enseñanza, las marchas de grupos neonazis y fascistas —muchas veces no comunicadas y cargadas de simbología ilegal y discursos de odio— reciben un trato radicalmente opuesto. A los ultras se les escolta, se les protege y se les permite ocupar el espacio público de forma impune. A los trabajadores en lucha, se les encapsula, se les identifica y se les agrede bajo la supervisión de mandos implacables.
Este comportamiento asimétrico demuestra que la policía no siempre opera como un árbitro neutral del orden público, sino como un elemento de contención ideológica y de clase. Ante la extrema derecha que amenaza los derechos humanos fundamentales, el Estado despliega guante de seda; ante los movimientos sociales y laborales que defienden los servicios públicos desde la base, aplica mano de hierro. Esta asimetría no es casual: el fascismo en la calle no cuestiona el orden económico ni el poder institucional, mientras que una huelga indefinida sí pone en jaque la gestión política de la administración.
Lo vivido en Valencia, capitaneado por mandos policiales que actúan con total impunidad, es apenas un sombrío laboratorio de lo que le espera al país ante la amenaza latente de un posible gobierno central de coalición entre el Partido Popular y Vox. La llegada de la extrema derecha a los ministerios estatales no solo consolidaría la impunidad de estos sectores reaccionarios dentro de las fuerzas de seguridad, sino que importaría los modelos más oscuros del autoritarismo global. Entre las advertencias y planes que sobrevuelan esta alianza, destaca la obsesión por implantar agencias de deportación masiva y control migratorio al más puro estilo del ICE trumpista estadounidense (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). La creación de estas estructuras policiales hiperpolitizadas y desvinculadas de los estándares humanitarios tradicionales no solo perseguiría a las personas migrantes; funcionaría como un aparato de control social integral para perseguir, hostigar y criminalizar a cualquier activista de izquierdas, sindicalista o ciudadano que ose plantar cara al régimen.
Frente a la porra que golpea la tiza, ampara al ultra y prefigura un futuro de persecución sistémica avalado por las propias jefaturas policiales, la respuesta social debe ser la solidaridad inquebrantable. La agresión a una sola docente es una agresión al corazón de los derechos de toda la clase trabajadora. No se puede construir el futuro de un país persiguiendo a quienes enseñan mientras se tolera a quienes siembran el odio y se planifican agencias de represión. Exigir la destitución inmediata de este inspector y denunciar el doble rasero es una obligación democrática urgente para evitar que el derecho a la huelga y las libertades civiles sean triturados antes de que la noche del autoritarismo se instale definitivamente en nuestras instituciones.
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