Opinión

Lecciones de dignidad en la plaza de la Virgen

«El neoliberalismo no busca mejorar la educación, busca privatizar las mentes para que nadie cuestione sus privilegios.»

Boaventura de Sousa Santos

Las plazas de nuestras ciudades tienen memoria, y la Plaza de la Virgen de València está escribiendo estos días uno de los capítulos más conmovedores y firmes de la dignidad social reciente. Decenas de profesores han decidido convertir el asfalto, las lonas y las tiendas de campaña en su trinchera tras encadenar cuatro semanas de huelga indefinida.

No están allí por capricho ni por comodidad. Están durmiendo a la intemperie porque la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana ha levantado un muro de inmovilismo frente a la comunidad educativa, obligando a los docentes a asumir un sacrificio personal y económico demoledor para frenar el desmantelamiento de los colegios e institutos públicos.

El valor de esta protesta radica en la asimetría del castigo financiero que sufren quienes la sostienen. Llevar un mes en huelga indefinida significa encadenar semanas enteras sin percibir un solo euro de salario, ver las nóminas reducidas a la mínima expresión y afrontar los gastos familiares cotidianos con los bolsillos vacíos. Cada noche que estos docentes pasan al raso en la plaza es un acto de generosidad colectiva sin precedentes: renuncian a su sustento inmediato para asegurar que los hijos de las familias trabajadoras tengan garantizado un futuro educativo digno.

La respuesta del Consell del Partido Popular ante este quebranto económico ha sido la crueldad del silencio administrativo, aplicando una estrategia de desgaste que busca asfixiar financieramente a los trabajadores para forzar su rendición por hambre y agotamiento.

Frente a la frialdad de los despachos oficiales que computan las bajas laborales como meros números, la acampada se ha transformado en un hermoso epicentro de solidaridad ciudadana y resistencia pacífica. Los docentes organizados en comisiones no solo resisten las inclemencias del tiempo, sino que han dado una lección cívica irreprochable al reorganizar voluntariamente su espacio para convivir de manera respetuosa con las celebraciones tradicionales del Corpus Christi en la ciudad.

Este despliegue de autogestión contrasta radicalmente con el intento de la alcaldesa María José Catalá de reducir la protesta a un simple problema de orden público o una disputa sobre competencias de desalojo policial. Los vecinos que se acercan a aportar alimentos, mantas o simplemente palabras de aliento entienden perfectamente que las camisetas verdes no defienden un privilegio corporativo, sino el derecho constitucional a una educación universal, inclusiva y dotada de recursos.

El hilo conductor que une esta agresión a las aulas con la trágica gestión que el PP realizó de la DANA a nivel autonómico y nacional es idéntico: la institucionalización de la negligencia y el abandono planificado de lo público. Mientras en la catástrofe climática se ignoraron las alertas técnicas y luego se enmarañó el debate con disputas competenciales para eludir la responsabilidad de las muertes, hoy en la educación se repite la misma matriz política. El PP ignora la dimisión en bloque de más de 250 directores de centros y recorta líneas escolares públicas para desviar fondos hacia el negocio de la educación concertada, aplicando la pedagogía del abandono que vacía de recursos los servicios esenciales.

Por eso, el profesorado valenciano que lleva semanas sin cobrar no solo defiende ratios escolares más justos o personal de apoyo; con sus tiendas plantadas frente al Palau de la Generalitat, representan la última y más digna línea de defensa civil contra una forma de gobernar nacionalcatólica que deja desamparada a la ciudadanía.