Grupo de personas hacen el saludo fascista durante una manifestación con el lema “Remigración. Por unos barrios seguros”, el 23 de mayo de 2025, en Madrid (España) DIEGO RADAMÉS (EUROPA PRESS)
«El fascismo no es una opinión, es un crimen.»
Sandro Pertini, partisano y expresidente de la República Italiana
El neonazismo moderno se nutre en España de un cordón umbilical que nunca fue cortado. Defender hoy los derechos humanos exige desenterrar el terror fundacional de la dictadura y frenar un blanqueamiento institucional que alimenta al huevo de la serpiente.
La agresión violenta en plena calle. Cinco contra uno. Insultos racistas, homófobos o ideológicos mezclados con proclamas de superioridad. El patrón de las agresiones ejecutadas por grupos neonazis en la España actual no es una anomalía sociológica ni un brote de delincuencia juvenil. Es, en su raíz más profunda, la reactivación de los mismos mecanismos de terror y deshumanización que se ensayaron con éxito criminal tras el golpe de Estado de julio de 1936.
Existe un hilo invisible, pero de acero, que une el pasado más oscuro de nuestra historia con las agresiones de la extrema derecha contemporánea. Ese cordón umbilical es la impunidad y la persistente negativa de un sector del país a romper definitivamente con el legado de la dictadura.
Cuando las escuadras falangistas aplicaban la llamada «dialéctica de los puños y las pistolas» durante la Segunda República y los meses posteriores al golpe, no buscaban simplemente derrotar a un adversario político. Buscaban su aniquilación civil y física. Al clasificar al diferente —el republicano, el sindicalista, el maestro— como la «anti-España», se le despojaba de su condición de ciudadano y de ser humano. El asesinato se convertía así en una labor de «limpieza».
Hoy, las bandas neonazis operan bajo idéntico delirio supremacista. Camisa azul, estética skinhead o la ropa de marca de los nuevos cachorros de la ultraderecha, pero el motor ideológico es idéntico. Su «anti-España» actual son los inmigrantes, las personas LGTBIQ+, los activistas sociales o cualquiera que no encaje en su monolítica visión de la patria. Las llamadas «cacerías» nocturnas no son peleas de bar; son patrullas ideológicas que buscan expulsar al disidente del espacio público mediante el terror, exactamente igual que hacían las brigadas del amanecer que torturaron y desaparecieron a cientos de miles tras el golpe del 36.
Este fenómeno no brota en el vacío. España arrastra una anomalía democrática estructural: la impunidad histórica. Mientras que en el resto de Europa el nazismo y el fascismo fueron derrotados y proscritos, en nuestro país la dictadura se extinguió en la cama, dejando intactas estructuras jurídicas, policiales y mentales. Durante décadas, el régimen de Franco fue el santuario europeo de criminales nazis fugitivos que, bajo el amparo de la dictadura, sembraron la semilla del neonazismo moderno a través de organizaciones como CEDADE, Falange, Fuerza Nueva, Cristo Rey, Núcleo Nacional, etcétera.
Esa permisividad histórica explica que, durante demasiado tiempo, la violencia ultra en democracia haya sido minimizada por las instituciones y ciertos medios de comunicación como «tribunalisno futbolístico» o peleas entre bandas. Al no tipificar ni perseguir con contundencia penal este terrorismo de baja intensidad, se ha lanzado un mensaje peligroso: la violencia contra ciertas minorías sale barata.
La conexión definitiva entre los criminales de ayer y los de hoy se libra en el terreno de la memoria. No es casualidad que los mismos grupos que agreden en las calles sean los que vandalizan los monolitos de las víctimas del franquismo o boicotean las exhumaciones de las fosas comunes, como ocurre en tantos cementerios y lugares de exterminio. El negacionismo histórico de la extrema derecha y la derecha extrema actual con amplia representación institucional y francas posibilidades de gobierno busca lo mismo que buscaron los golpistas al arrojar a más de 150.000 españoles a las fosas comunes, pozos, agujeros volcánicos, cunetas: borrar su existencia, consolidar el olvido y perpetuar el triunfo de la fuerza sobre el derecho.
Frente a la impunidad que alimenta al huevo de la serpiente, la única respuesta democrática posible es el antifascismo activo y la justicia de la memoria. Cada fosa común que se abre, cada nombre recuperado, es un dique de contención contra el odio actual. Defender hoy los derechos humanos frente a las agresiones nacionalsocialistas exige, obligatoriamente, desenterrar de una vez por todas el terror fundacional de 1936. La democracia no se negocia con quienes quieren destruirla con violencia ilimitada; se defiende con memoria, verdad y justicia.
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