Vasijas de lo sagrado

«Tengo 47 años y no sé quién soy, ni de dónde vengo, ni cuál es mi historial médico. Me han robado mi propia biografía».

Inés Madrigal, la primera víctima de bebés robados que logró llevar a juicio su caso en España

En el verano de 1936, Gran Canaria empezó a oler a miedo. Mientras el sol seguía calentando las fachadas de piedra de Las Palmas, una corriente subterránea de terror lo inundaba todo y la resistencia republicana se desmoronaba en el silencio de las noches atlánticas. Los hombres fieles a la legalidad constitucional desaparecían sin dejar rastro de la noche a la mañana. Sus familias daban vueltas por los cuarteles recibiendo malas respuestas, silencios o amenazas, intuyendo lo peor: que los suyos habían terminado en la oscuridad de los pozos, agujeros volcánicos, fosas comunes o sepultados en el océano, con una pesada potala de piedra atada al cuello para que el mar jamás devolviera los cuerpos a la orilla. Sin embargo, para las mujeres de aquellos hombres, las esposas y las hijas que se quedaban atrás con el vientre abultado, el régimen tenía reservado un calvario distinto, una crueldad más lenta, calculada y, sobre todo, lucrativa. La idea no nació en un despacho oficial, sino entre el humo del tabaco, el vaho del alcohol y las risas de un burdel encubierto. El bar alemán, situado en la viva y comercial calle Triana, a un paso del Gobierno Militar, era el refugio idóneo para los jerarcas del nuevo orden. Allí, en una mesa apartada, el jefe falangista Rubio Guerra compartía botellas y confidencias con su íntimo amigo, el sacerdote don Miguel Lantigua. La noche avanzaba turbia y, rodeados por tres mujeres del barrio de Arenales que soportaban la juerga a cambio de unas monedas, el alcohol empezó a soltar las lenguas. Rubio Guerra, con la mirada perdida y la camisa azul desabrochada, se inclinó hacia el párroco con una idea que le rondaba la cabeza desde hacía días, exclamando que tenían que aprovechar a las preñadas porque los chiquillos recién nacidos se vendían más caros. El cura, lejos de escandalizarse, soltó una carcajada limpia que resonó en el local, celebrando la agudeza de su compadre en mitad de aquella borrachera mientras apuraba el vaso de vino. Para materializar el negocio hacía falta un lugar discreto, y Rubio Guerra sabía exactamente a dónde acudir. Detrás de la imponente silueta de la Catedral de Santa Ana, en el señorial barrio de Vegueta, se levantaba el viejo caserón del siglo XVII perteneciente a los Manrique de Lara. El jefe falangista se reunió con los propietarios y, apelando al patriotismo de la cruzada, cerró el acuerdo de cesión de la propiedad colonial. Los muros de cantería, los patios sombríos y los balcones de tea, que durante siglos habían visto pasar el esplendor de la aristocracia canaria, se convirtieron de la noche a la mañana en una prisión camuflada de paritorio. El cacique de Firgas, compinchado con la acaudalada familia Rosales, movió los hilos necesarios para tejer una red clandestina de compradores formada por familias pudientes del régimen dispuestas a pagar fortunas en aquel incipiente mercado de seres humanos. Para dirigir el centro contrataron a doña Rosa Lucavia, una matrona madrileña de pasado oscuro que había sido despedida con expediente disciplinario del hospital San Martín poco antes del golpe de Estado por robar tranquilizantes para consumo propio; nadie sabía muy bien cómo había recalado en la isla, pero su adicción y su falta total de escrúpulos la hacían perfecta para el puesto. En las habitaciones de la vieja mansión se hacinaban de forma permanente entre quince y veinte mujeres en avanzado estado de gestación, sabiendo perfectamente que sus cuerpos eran tratados como meras vasijas. El momento del parto era el clímax del horror bajo la atención del viejo doctor Piernavieja Carló, un médico alto, de manos con dedos muy largos y aliento cargado a ron que atendía a las pacientes con un enorme desprecio por ser rojas de mierda que no merecían un trato humano. El doctor entraba al paritorio tambaleándose, con la bata manchada de sangre, y les decía con crueldad atroz que estaban allí para parir y que si hacía falta seguir pariendo él mismo se encargaría de volverlas a engendrar. Las mujeres aullaban de puro miedo al ver a aquel hombre tan alto tambaleándose por el alcohol, intentando sacar al recién nacido entre insultos y golpes en un paritorio insalubre donde algunas morían por las infecciones. Nada más cortar el cordón umbilical, las criaturas eran arrancadas de los brazos de sus madres antes siquiera de que pudieran tocarlas, y mientras ellas lloraban con los brazos vacíos, los bebés salían en brazos de la matrona rumbo a su destino en el mercado humano de la isla.

Rosa Lucavia envolvía al recién nacido en una manta de lana basta, ignorando el llanto ahogado de la madre que aún sangraba en el putrefacto camastro, y cruzaba el patio de los Manrique de Lara arrastrando los pies por el cansancio y el efecto de los sedantes. En la puerta trasera del caserón, resguardada por la sombra de la catedral, esperaba un automóvil Hudson de color negro con las cortinillas bajadas, un lujo impensable para casi cualquiera en la isla en aquellos meses de miseria. Al volante se encontraba el chófer de los Rosales que era vecino de La Goleta, municipio de Arucas, que mantenía el motor en marcha con un ronroneo sordo para no levantar sospechas en el vecindario. La matrona subiá a la parte trasera, donde el aire olía a cuero limpio y a un perfume de azahar que contrastaba violentamente con el hedor a desinfectante y sudor que acababa de dejar atrás. El vehículo arrancaba con suavidad, alejándose de los adoquines de Vegueta y enfilando la carretera del norte, bordeando los riscos donde el mar batía con fuerza contra los acantilados. A medida que subían hacia Firgas, el paisaje se volvía más verde y neblinoso, y el bebé, arrullado por el vaivén del coche, dejaba de llorar. El trayecto se realizaba siempre en un silencio absoluto, roto solo por el carraspeo del chófer al cruzar los controles falangistas, donde bastaba un saludo con el brazo en alto y una mirada al escudo de la familia en la documentación para que los guardias bajaran los fusiles y abrieran el paso con reverencia. Al llegar a la finca, una imponente casa de labranza con balconadas de madera rodeada de plataneras, el coche se detenía en el patio interior. Allí esperaba como otras veces el cacique junto a un matrimonio de mediana edad; ella vestida con un traje de seda, algunas de luto riguroso y un rosario entre los dedos temblorosos, mientras él, casi siempre, algún tipo acaudalado de postura rígida, entregando el bulto siempre a la mujer, quien al apartar la manta y ver los ojos abiertos de la criatura solía romper a llorar, no de pena, sino con el aliento del que recibe una mercancía largamente esperada. El terrateniente asentía conforme, sacaba un sobre grueso de papel marrón repleto de billetes nuevos con la efigie de Franco y se lo entregaba a la matrona sin mirarla a los ojos, como quien paga por un saco de papas. Mientras el chófer ayudaba a Rosa a subir de nuevo al coche para el viaje de vuelta, la nueva madre entraba a la casa acunando al niño, lista para bautizarlo con un nombre ilustre y borrar, con la complicidad de la Iglesia y el registro civil, cualquier rastro de la mujer que en ese mismo instante agonizaba de dolor en el suelo de Vegueta.

Aquel engranaje clandestino puesto en marcha en el caserón de Vegueta no fue un exceso aislado de la guerra, sino el embrión de una maquinaria de sustracción sistemática que extendió sus tentáculos durante más de medio siglo en Canarias y toda España, alcanzando la década de los noventa bajo un manto de absoluta impunidad. Los mismos apellidos patricios, los terratenientes y los sectores más reaccionarios de la Iglesia católica que se enriquecieron con el dolor de las madres republicanas transmitieron el negocio, las prácticas y los contactos a sus herederos biológicos e ideológicos. Con el paso de las décadas, los motivos políticos de la cruzada fundacional se diluyeron en un lucrativo negocio puramente mercantil, amparado por el silencio institucional y el poder de unas élites que transitaron intactas hacia la democracia. Hoy, los descendientes de aquellos inductores y cómplices —muchos de ellos vinculados por lazos de sangre, fortuna y privilegios a la actual derecha y ultraderecha española— siguen parapetados tras el olvido deliberado y el archivo de las causas judiciales, garantizando que el llanto de los paritorios de 1936 resuene, todavía sin justicia, en los miles de expedientes cerrados de una herida que la historia oficial aún se niega a sanar.

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Francisco González Tejera

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