«Ustedes nos rompen el cuerpo, nos queman la piel, nos destrozan los huesos, pero hay una zona que no pueden tocar, un territorio donde ustedes no entran».
Mario Benedetti (Pedro y el Capitán)
El exterminio en Gran Canaria no fue el resultado de la locura de unos días de guerra. Fue una carnicería planificada al milímetro que se ensañó con una población civil indefensa, ya que en las islas apenas hubo resistencia armada tras el golpe.
En la cúspide de esta maquinaria de terror no hacían falta ejecutores improvisados; había un cerebro. Eufemiano Fuentes Díaz, jefe de la Falange y dueño de la fábrica de tabaco La Favorita, ejercía como el gran director de la matanza en la isla. Desde su posición de poder absoluto, delegaba los trabajos más sucios en sus subordinados, controlando con un frío pragmatismo cada «saca» y cada ejecución, mientras se reservaba para sí mismo el control absoluto sobre los cuerpos y las vidas de los vencidos.
En su fábrica, las trabajadoras conocían bien su naturaleza. Eufemiano utilizaba el hambre de la posguerra y el terror político para imponer un derecho de pernada brutal y sistemático. De aquellas agresiones continuadas y violentas se calcula que llegó a engendrar más de cuarenta hijos no reconocidos, una descendencia fantasma esparcida por la isla, nacida del abuso, el silencio y la coacción absoluta sobre mujeres indefensas que callaban por miedo a represalias mayores. Distintas fuentes históricas afirman que la impunidad en este terreno solo encontró un freno biológico: una gravísima sífilis que, con el tiempo, terminó por dejarlo impotente, deteniendo su historial de abusos sexuales pero no su sadismo político. Si una mujer intentaba resistirse a sus demandas o las de su entorno, la condena para su marido, su padre o su novio era la detención inmediata a manos de sus brigadas y la desaparición definitiva.
Para las familias de los defensores de la República, el horror comenzaba de noche. Los camiones grises y los coches negros de Falange, conducidos por las llamadas «brigadas del amanecer», patrullaban barrios obreros de la capital como San Juan, San Roque, La Isleta o Tamaraceite, pero el tentáculo de Eufemiano se extendió con la misma ferocidad por todos los municipios de la isla. En el norte, el sur y las zonas altas, las redes de delación locales operaban sin tregua. Alcaldes, concejales, maestros y agricultores de San Lorenzo, Arucas, Agaete, Guía, Gáldar, Santa Brígida, Telde, Agüimes, Ingenio y los pueblos de las medianías fueron cazados en sus propias casas tras ser señalados en listas negras confeccionadas de antemano.
La destrucción de los ayuntamientos democráticos fue sistemática, pero el ensañamiento con el municipio de San Lorenzo y la corporación municipal de Arucas reflejó la crueltad exacta de esta limpieza política. El ayuntamiento de Arucas, presidido por el alcalde socialista Juan Doreste Casanova, apenas llevaba 122 días gobernando cuando se produjo el golpe de Estado. Paralelamente, en San Lorenzo, las fuerzas golpistas desataron una persecución feroz que descabezó por completo al municipio, deteniendo a su alcalde comunista, Juan Santana Vega, junto al secretario municipal, concejales y destacados sindicalistas de la federación obrera local. Tras tomar el control de las Casas Consistoriales por la fuerza el 19 de julio, los sublevados no buscaban castigar delitos; buscaban borrar las instituciones republicanas exterminando a sus representantes elegidos por el pueblo. Las corporaciones legítimas fueron disueltas a la fuerza y sus miembros pasaron a encabezar las listas de detención de la Falange. Sus nombres acabaron en los registros clandestinos de las «racias» nocturnas, siendo arrancados de sus hogares para ser sometidos a juicios farsa o directamente eliminados.
Las detenciones clandestinas jamás se registraban. En los calabozos de las comisarías, de las prisiones habilitadas o de los cuartelillos locales, bajo la supervisión ideológica del mando falangista, se aplicaban torturas salvajes encaminadas a quebrar por completo a los presos. Las navajas de afeitar, utilizadas para desfigurar y mutilar cuerpos con la frialdad de cirujanos del terror, eran solo una parte de un catálogo de sufrimiento. Las comisarías se convirtieron en laboratorios de dolor: era habitual el ahorcamiento total, simulado o parcial para llevar al detenido al borde de la asfixia, así como colgar a los hombres boca abajo por las piernas o por los brazos estirados para apalearlos brutalmente hasta destrozarles los órganos internos. Los ahogamientos en bañeras llenas de agua sucia u orina se utilizaban de manera constante para quebrar la resistencia de los detenidos antes de enviarlos a su destino final.
La crueltad no terminaba en las celdas. Para las mujeres de la isla que se quedaban solas, el castigo ordenado por el régimen falangista era psicológico, físico y público. El rapado de cabeza al cero y la ingesta forzada de aceite de ricino fue una práctica habitual y sistemática extendida por todos los municipios de Gran Canaria. En San Lorenzo, Arucas, Agaete, Santa Brígida, Gáldar, Telde, etcétera o las calles de la capital, las madres, esposas y hermanas de los perseguidos eran arrastradas fuera de sus casas por las escuadras fascistas. Las marcaban con insultos, les rapaban el pelo para despojarlas de su identidad y las obligaban a tragar el purgante. Descompuestas y sin control de sus cuerpos, las hacían desfilar a la fuerza por las plazas y calles principales ante la mirada de sus propios vecinos, un ritual de degradación colectiva diseñado para infundir un terror paralizante en toda la comunidad y sentenciar la muerte civil de las familias republicanas.
La geografía de la isla se convirtió en la aliada perfecta de las elites para borrar el rastro de miles de personas. En el sur, la Sima de Jinámar engullía cuerpos de madrugada, pero en el norte la ingeniería de la desaparición fue igual de sistemática. En Arucas, los pozos de agua como el del Llano de las Brujas o el de Tenoya se transformaron en fosas comunes verticales donde se arrojaba a los detenidos de la comarca, a menudo tras romperles los huesos a culatazos. Allí abajo acabaron sepultados concejales y trabajadores municipales junto a decenas de vecinos. En las medianías y las zonas de cumbre, los barrancos apartados y las profundidades del campo sirvieron para ocultar ejecuciones sumarias lejos de cualquier mirada pública.
Sin embargo, los métodos de ocultación más impunes y definitivos se reservaron para el entorno de la capital y el océano. En los acantilados de La Marfea, en Jinámar, el mar batía con fuerza contra las rocas, convirtiéndose en el lugar ideal para arrojar al vacío a decenas de personas cuyos cuerpos eran arrastrados por las corrientes atlánticas. Para quienes necesitaban una desaparición aún más controlada, se recurrió a los «apotalamientos». En los muelles de Las Palmas, en la bahía de Gando (frente al campo de concentración) o en los acantilados marinos de Agaete, falangistas y militares subían a los presos a barcazas de noche. Tras atarles a los pies pesados bloques de piedra y meterlos en sacos de plátanos —las potalas que usaban los pescadores locales como anclas artesanales—, los arrojaban vivos a alta mar. Aquella fosa oceánica sin fondo garantizaba que jamás quedara una prueba física ni un cadáver que reclamar.
Para aquellos que eran ejecutados formalmente tras simulacros de juicios militares en los cuarteles de la capital —como ocurrió con los fusilamientos del alcalde y los líderes de San Lorenzo en marzo de 1937—, el destino final era la fosa común del cementerio de Vegueta. Allí, en el sector de San José, los camiones descargaban noche y día los cientos de cuerpos ensangrentados de los líderes políticos, sindicalistas y obreros. Se les enterraba de forma anónima, en hileras superpuestas, cubriéndolos con cal viva para acelerar la descomposición y borrar sus identidades. Fue un genocidio silencioso, industrial y rural a la vez, diseñado desde los despachos de la Falange y el ejército, ejecutado con precisión matemática desde la fosa urbana de Vegueta y los acantilados de La Marfea hasta la costa del norte y las medianías de la isla.
Las consecuencias de este horror colectivo moldearon el alma de Gran Canaria durante las décadas siguientes a través de un silencio forzado, asfixiante y endogámico. Al tratarse de un territorio insular y limitado, el miedo se incrustó en la convivencia cotidiana: las víctimas y los herederos de los represores se veían obligados a cruzarse todos los días en las plazas, las iglesias o los comercios. Las familias de los desaparecidos aprendieron a callar por pura supervivencia, enterrando el dolor en el ámbito privado para evitar el estigma social, la miseria económica y nuevas represalias. Este murmullo ahogado impuso una amnesia colectiva que distorsionó la historia local, transmitiendo el trauma de generación en generación como un secreto a voces, un manto de sospechas y miradas esquivas que solo la tenacidad de los movimientos contemporáneos de memoria histórica ha logrado empezar a levantar de las simas, los pozos, las fosas comunes y otros espacios de exterminio del territorio insular en su mayoría sin investigar.
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