«Aquellos hombres armados no imaginaron jamás que unas humildes y frágiles mujeres fuéramos a salir a las calles de nuestro municipio de San Lorenzo defendiendo la democracia, por eso nos hicieron tanto daño destrozando para siempre nuestras vidas.»
Rosa García López
El sábado 18 de julio de 1936, las calles de Tamaraceite y San Lorenzo se convirtieron en el laboratorio de una violencia planificada y brutal. Las milicias golpistas, integradas por militares y falangistas armados, irrumpieron a media mañana disparando a discreción para instaurar un estado de terror inmediato. La población civil, humilde y desconcertada, fue cercada por un despliegue de fuerza cuyo objetivo no era solo tomar el control institucional, sino neutralizar cualquier capacidad de respuesta obrera mediante la vía de la crueldad explícita.
La Casa Consistorial de Tamaraceite fue despojada de su función democrática para convertirse en un centro clandestino de detención y tortura. Bajo las órdenes de los sublevados, cientos de vecinos, jornaleros y representantes sindicales del Frente Popular fueron capturados a golpes, amarrados con sogas y hacinados en los calabozos locales. Muchos de estos detenidos sufrieron palizas sistemáticas antes de pasar a formar parte de las «sacas» nocturnas: ejecuciones extrajudiciales que terminaron con los cuerpos de los líderes políticos arrojados a pozos, agujeros volcánicos y fosas comunes de la isla.
La saña de los sediciosos se ensañó con especial sadismo esa misma tarde contra un grupo numeroso de mujeres que intentaron resistir la asonada portando vestidos rojos y las siglas de la UHP en sus banderas rojas. La respuesta falangista fue una operación de castigo físico y degradación pública de una violencia extrema. Las manifestantes fueron arrastradas por el pelo y agredidas sexualmente antes de ser sometidas a la tortura del aceite de ricino, introducido a la fuerza en sus gargantas mediante embudos metálicos para provocarles cólicos severos y la pérdida del control de sus esfínteres.
Acto seguido, tras raparlas a navaja para despojarlas de su identidad, los captores las exhibieron medio desnudas por las vías principales del pueblo. Estos «paseos de la vergüenza», donde las prisioneras marchaban sucias y ultrajadas ante la mirada obligada de sus propios vecinos, se utilizaron como un mecanismo de aleccionamiento colectivo y deshumanización, marcando el inicio de una de las etapas más oscuras y represivas de la historia contemporánea de Canarias.
En los días posteriores a la asonada, el terror se trasladó al interior de los hogares mediante una campaña sistemática de registros domiciliarios. Patrullas de falangistas armados asaltaban las viviendas de los vecinos sospechosos de simpatizar con la República, destrozando el mobiliario, confiscando bienes y buscando cualquier indicio de filiación política o sindical.
Esta persecución física fue acompañada de un intento deliberado de exterminio cultural. En las calles principales de Tamaraceite y San Lorenzo, los golpistas organizaron hogueras públicas donde obligaban a la población a contemplar la quema de libros, folletos obreros, periódicos locales y actas municipales. Con el fuego de estos libelos y textos educativos, considerados por los sediciosos como «propaganda subversiva», el nuevo orden militar pretendía no solo destruir las pruebas de la gestión democrática del Frente Popular, sino borrar de raíz el pensamiento crítico y la memoria cultural de toda una generación.
A la brutalidad desatada en las calles se sumó la farsa jurídica con la que los sublevados pretendieron legalizar sus crímenes, sellando el destino de la cúpula municipal y sindical de San Lorenzo en un consejo de guerra sumarísimo por un falso delito de «adhesión a la rebelión», la fórmula judicial retorcida que usaban los verdaderos rebeldes para condenar a quienes defendían la legalidad constitucional. Las balas fascistas segaron la vida del último alcalde democrático, cuando apenas rozaba los treinta años de edad, siendo ejecutado por un pelotón de fusilamiento a las cuatro de la tarde del 29 de marzo de 1937 en el Campo de Tiro de La Isleta.
Esa misma jornada trágica, compartió el mismo paredón el joven secretario municipal Antonio Ramírez Graña, estudiante de Derecho y vecino de Tamaraceite, junto al inspector jefe de la Policía Local, Manuel Hernández Toledo, quien se había mantenido fiel a sus funciones institucionales y a las autoridades legítimas frente a la asonada golpista. En ese mismo pelotón fue fusilado también el intelectual, artista plástico y activo militante sindical Matías López Morales, quien dejó constancia de su dignidad republicana horas antes de morir al escribir una estremecedora carta de despedida en la que sentenciaba que moría satisfecho porque el triunfo era de ellos y exigía que temblaran sus verdugos, los traidores y lo que obligaron a su pueblo a comer tunera. A ellos se unió el dirigente sindical de la Federación Obrera y Partido Comunista, Francisco González Santana, quien tras resistir escondido durante meses, decidió entregarse a los falangistas destrozado por el dolor después de que las criminales «Brigadas del Amanecer» asaltaran su entorno y asesinaran brutalmente a su hijo Braulio, un niño de tan solo cuatro meses.
A la ejecución oficial de estos cinco hombres se añade el drama de más de un número considerable de personas desaparecidas del municipio, campesinos, obreros y vecinos de a pie que no pasaron por ningún tribunal al ser víctimas de las «sacas» extrajudiciales de los golpistas. Dejando un vacío humano y una herida abierta en el tejido social de Gran Canaria, donde sus familias siguen esperando la exhumación y la justicia que les devuelva sus nombres y sus restos.
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