Opinión

Derogar la memoria

«La última etapa de un genocidio es su negación.»

Gregory H. Stanton, profesor e investigador especializado en el estudio de genocidios, creador del modelo de las Diez etapas del genocidio. Explica que el encubrimiento busca garantizar la impunidad de los asesinos y preparar el terreno para futuros crímenes

Resulta doloroso y profundamente indignante escuchar al secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, en el aniversario de Miguel Ángel Blanco, anunciar con total frialdad que la derogación de la Ley de Memoria Democrática será la prioridad absoluta del primer Consejo de Ministros de un hipotético Gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Como familiar de víctimas del franquismo, estas palabras no son solo una declaración de intenciones política; son una bofetada directa a nuestra dignidad, un escupitajo sobre las fosas comunes y una humillación institucional que demuestra una falta absoluta de empatía y de vergüenza de la que la derecha franquista española debería responder ante la historia.

¿Qué clase de gobernantes priorizan borrar por ley el derecho de miles de ciudadanos a buscar los restos de sus seres queridos? Lo que Tellado llama «derogación» no es más que el intento de volver a imponer por decreto el muro del silencio, la cal viva del olvido y la desprotección total para quienes llevamos décadas buscando justicia. Quieren hacernos creer que recordar el horror divide, cuando lo único que divide es que haya familias que pueden enterrar a los suyos con honores y otras que tengan que seguir buscando a sus abuelos en el fondo de un pozo en Arucas, en la Sima de Jinámar, en el cementerio de Vegueta y sus fosas comunes o bajo el asfalto de una carretera.

Tengan un poco de decencia y miren los datos de la propia historia que pretenden secuestrar. El sufrimiento no es patrimonio exclusivo de unas siglas. Es de una hipocresía intolerable que el Partido Popular y Vox utilicen constantemente el dolor —absolutamente legítimo y respetable— de las víctimas de ETA para hacer campaña política, mientras desprecian, insultan y condenan al ostracismo a los familiares de los más de 120.000 desaparecidos forzados que dejó la dictadura franquista. España es, después de Camboya, la segunda nación del mundo con más desaparecidos. Hay miles de personas más asesinadas por el terrorismo de Estado de la dictadura que por el terrorismo de ETA, pero para el PP parece que hay muertos de primera y muertos de segunda, víctimas que merecen monumentos y víctimas a las que hay que volver a sepultar bajo el cemento del olvido legal.

Querer derogar una ley que simplemente busca dar sepultura digna, investigar los crímenes y reparar el dolor de las familias no es una medida de «regeneración democrática», es una crueldad ideológica dictada por el revanchismo y la sumisión a los sectores más ultras. No pedimos venganza, pedimos justicia. Pedimos que el Estado asuma la responsabilidad de exhumar a todas las personas asesinadas por el terrorismo fascista. Si hay algo que derogar es la Ley de Amnistía para que se pueda juzgar al franquismo. Que intenten borrar las leyes que quieran desde sus despachos oficiales y su cinismo, pero no van a poder derogar la memoria de este pueblo, ni el coraje de las hijas y nietas que seguiremos reclamando la dignidad que ustedes, con su vergonzosa falta de humanidad, nos pretenden volver a arrebatar.