«Los fondos buitre son tres gatos locos multimillonarios que les pagan a los políticos para que hablen bien de ellos, tienen sus guaridas en paraísos fiscales… En el 7% que no entró al canje había buitres, parásitos y bacterias.»
Axel Kicillof
La patética y autoritaria reacción de José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso ante la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol retrata a la perfección la verdadera naturaleza de su gobierno. No les preocupa el orden público, ni la legalidad, ni el bienestar de los madrileños. Lo que verdaderamente les duele, lo que les resulta intolerable, es que la dignidad de cientos de jóvenes organizados ensucie el escaparate idílico que han diseñado para sus patrocinadores inmobiliarios. Exigir el desalojo violento de quienes defienden un derecho constitucional es la respuesta previsible de quienes han decidido convertir las instituciones en el brazo ejecutivo de los especuladores.
Frente a la desidia institucional y el abandono de los gobernantes, destaca con luz propia la impecable y valiente labor del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, una organización que se ha convertido en el verdadero escudo de la ciudadanía y en un ejemplo de dignidad colectiva. Su trabajo riguroso, su capacidad de movilización y su empeño infatigable por defender a las familias frente a los abusos del mercado demuestran que la organización popular es la única herramienta eficaz cuando los de arriba deciden mirar para otro lado. El sindicato no solo pone el cuerpo para frenar la injusticia en las puertas de los bloques, sino que articula propuestas serias y necesarias para devolver la cordura a nuestras ciudades.
La imagen de la Puerta del Sol no es un problema de civismo, sino el reflejo exacto de un modelo que ha elegido bando: el del negocio salvaje frente al de la pura supervivencia ciudadana. El corazón de esta movilización tiene nombres y apellidos, y una carga simbólica desgarradora. El desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años expulsada por orden judicial de la vivienda de renta antigua en la que había residido durante más de siete décadas, ha sido la gota que ha colmado un vaso ya desbordado de injusticia. Que un fondo de inversión pueda adquirir un edificio entero, trocearlo en el mercado y poner a una anciana en la calle con total amparo legal demuestra que el sistema está del lado de la delincuencia organizada. El «Decreto Maricarmen» que ahora exigen los manifestantes no es una carta de máximos; es un plan de emergencia humanitaria que pide cosas tan básicas como que no se eche a nadie vulnerable sin una alternativa habitacional real y que se frenen, de una vez por todas, los fraudes de los alquileres de temporada.
Frente a este drama social, la reacción del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid ha sido tan cruel como desviar la mirada. En lugar de mostrar un mínimo de sensibilidad institucional o de convocar un gabinete de crisis para abordar la emergencia de la vivienda en la capital, la prioridad absoluta del alcalde ha sido exigir la intervención policial inmediata. Al consistorio del PP y de su socio Vox les horroriza que la precariedad estructural de Madrid sea visible en el kilómetro cero, justo donde a los gobernantes les gusta pasear el glamour de los congresos de inversión y firmar convenios que entregan el suelo público a los millonarios de las inmobiliarias.
Existe una hipocresía flagrante en el discurso de la derecha madrileña. Se les llena la boca a diario hablando de la libertad y de la defensa de la Constitución, pero salen corriendo a pedir porras y cargas cuando el pueblo sale a la calle a exigir el cumplimiento del artículo 47 de esa misma Carta Magna, el que consagra el derecho a una vivienda digna. Para este bloque político, la Constitución es un texto sagrado cuando se usa contra el adversario, pero un papel mojado cuando choca contra los intereses de los fondos de inversión. Prefieren actuar como testaferros de los fondos buitre antes que regular de una vez por todas la especulación salvaje. Es una vieja escuela que viene de largo, una herencia directa de las políticas del aznarismo y los negocios familiares que abrieron las puertas de par en par a los especuladores, prefiriendo triturar las vidas de cientos de miles de familias expulsadas de sus casas antes que tocar los beneficios de las élites financieras. Prefieren una ciudad sumisa, un parque de atracciones para el capital extranjero donde los madrileños sean meros figurantes o camareros que ya no pueden permitirse vivir en los barrios que los vieron nacer.
Acusar a la Delegación del Gobierno de «dejación de funciones» por no cargar salvajemente contra gente joven y familias pacíficas es una muestra de la deriva autoritaria y falangista de un regidor atrapado en su propia ineficacia. Señalar la acampada como un ataque a la «normalidad» urbana es no querer ver que la verdadera anormalidad, la verdadera violencia, es que una anciana sea desahuciada para engordar la cuenta de resultados de un entramado financiero internacional. Esta gente no está durmiendo sobre el granito de Sol por gusto, sino porque la alternativa que les deja este mercado salvaje es quedarse sin futuro. Mientras las administraciones públicas sigan tratando la vivienda como un bien de inversión y no como un derecho fundamental, la calle seguirá siendo el único refugio para rescatar la dignidad. La lucha es la única salida.
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