«El fascismo se basa en la movilización del odio, en la creación de un enemigo común que justifique la violencia y anule la capacidad de pensar críticamente.»
Umberto Eco
La historia de este país no se repite, pero rima de una forma tan macabra que asusta. Lo vivido ayer en los prolegómenos futbolísticos de un derbi valenciano fue el síntoma perfecto de una España anestesiada por la crispación: un solemne minuto de silencio por los fallecidos en el trágico accidente de tren de Urda que, antes incluso de que terminara de desvanecerse el eco del silbato, dio paso de inmediato a la hostilidad verbal en las gradas. Los gritos de «Óscar Puente asesino» y «Pedro Sánchez hijo de puta» resonaron con fuerza, evidenciando una preocupante y rápida amnesia colectiva sobre lo sucedido en el País Valencià con la vergonzosa gestión de la DANA y sus más de dos centenares de muertes.
Parece que a muchos se les quiere olvidar el rastro de la desidia que llevó el foco a aquel fatídico 29 de octubre, al restaurante El Ventorro y a un president como Carlos Mazón prolongando un almuerzo de chupitos, café, copa, puro y buena compañía en un reservado mientras el cielo se desplomaba sobre el pueblo valenciano, costando 233 vidas. Hoy, las facturas de aquella comida, los avisos ignorados y las responsabilidades políticas por la catástrofe conviven en un mismo tablero de desmemoria selectiva con la tragedia ferroviaria de Toledo. El debate sobre las negligencias y la protección de los servicios públicos es secuestrado sistemáticamente por una campaña de insultos cruzados diseñada para que la indignación jamás apunte a las raíces reales del problema.
Esta rentabilidad política del desastre no es casual; responde a una estrategia perfectamente orquestada para tumbar al Gobierno a cualquier precio. En la vanguardia de esta ofensiva se sitúa el eje Vox-PP, que no duda en coordinar su agitación callejera con organizaciones de la ultraderecha radical, núcleos falangistas y grupúsculos neonazis. Esta amalgama de fuerzas utiliza el dolor de las tragedias y el luto de los accidentes ferroviarios no para buscar soluciones técnicas ni para consolar a los afectados, sino como el combustible ideal para incendiar la precampaña, deslegitimar las instituciones y forzar la caída del Ejecutivo mediante una pinza de acoso judicial e insurrección verbal en el asfalto. Lo último que les importa son las víctimas de los trenes; lo primero es el poder por encima de todo. El dolor ajeno es rebajado a mera mercancía electoral.
El verdadero fin de todo este ruido ensordecedor es provocar una amnesia selectiva en el electorado y neutralizar la agenda social. Al dinamitar el debate con la gestión de las catástrofes, se evita que la conversación pública gire en torno a que no deroguen parte de la ley del aborto, que no se carguen el derecho a la muerte digna, que no censuren la cultura que les parezca «ideológica», que no nos gobiernen políticos con tintes machistas, homófobos y xenófobos, que no siga en el candelero la vivienda, la reforma laboral o la viabilidad del sistema público, que son los terrenos donde la mayoría obrera reconoce a los defensores de sus derechos. Lo que se esconde detrás de los gritos y las provocaciones es el desembarco inminente de un «gobierno de la motosierra», cuyo programa real va mucho más allá de una revancha ideológica: es la captura de un botín inmenso. El objetivo de asaltar las instituciones es poner las manos sobre el enorme volumen de dinero público que gestiona el Estado, desmantelando los pilares colectivos para convertirlos en el negocio privado perfecto.
Las consecuencias materiales de ese modelo estilo Milei las pagaría, como siempre, la gente común. El colapso programado de la sanidad pública abriría la puerta a la privatización masiva, convirtiendo el derecho a la salud en un nicho de mercado accesible solo para quienes puedan pagarlo. La educación pública sufriría un retroceso presupuestario e ideológico irreversible, precarizando los colegios de los barrios obreros mientras se desvían recursos públicos hacia la enseñanza privada. A esto se sumaría el hachazo definitivo a las pensiones públicas mediante su privatización encubierta, forzando a los trabajadores a depender de planes privados e individuales gestionados por la banca mientras se recorta la hucha común, junto a la desregulación laboral para abaratar el despido y la falta de inversión en la seguridad de la red ferroviaria.
Ante este panorama de degradación discursiva, cabe preguntarse con honda preocupación: ¿qué será lo siguiente a esta extrema violencia verbal? Cuando la palabra pierde su función de debate y se convierte exclusivamente en una herramienta de linchamiento y deshumanización del adversario, el salto hacia la violencia física en las calles es un abismo peligrosamente estrecho. Este odio de clase y esta hostilidad prebélica evocan de manera inevitable los ecos más oscuros de nuestra propia historia. En el año 36 ya supimos cuáles fueron los devastadores resultados de incendiar la convivencia, deslegitimar las urnas y sembrar el odio en cada esquina. Detrás de las consignas, el ruido y la bronca siguen siendo la única trinchera de quienes prefieren ver que todo arda antes que permitir que se gobierne honradamente para la mayoría social.
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