3 de agosto de 2026

Fabricantes de mentiras

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«(…) Su vida era una fábula de lata/Sus ojos eran luces de neón/Y nunca tengas fe/ Que sus mentiras pueden traer dolor…»

Carlos Alberto García – Sui Generis

El uso masivo y coordinado de la mentira no es una patología menor de las redes sociales, sino una herramienta de asalto institucional. En España, los bulos de la extrema derecha operan con la misma lógica de difamación y deshumanización que los aparatos de propaganda totalitaria ensayaron en el siglo XX para destruir la convivencia.

Hubo un tiempo en que la mentira en política se utilizaba para maquillar una gestión defectuosa o camuflar un error. Hoy ya no es así. El auge del fascismo contemporáneo en España ha introducido una mutación radical: la mentira industrial y planificada, el bulo convertido en munición de guerra cultural. No se busca distorsionar un hecho, se busca inventar una realidad paralela para inocular el miedo, el odio al diferente y el desprecio absoluto hacia los pilares de la democracia.

Esta estrategia no tiene nada de moderna. Las campañas de desinformación que hoy inundan las pantallas de los teléfonos móviles con noticias falsas sobre inmigración, violencia de género o conspiraciones electorales son réplicas exactas de los mecanismos de propaganda del siglo pasado. Fueron precisamente estas las estrategias milimétricas que emplearon el Partido Nazi en Alemania y la Falange Española antes de perpetrar el Holocausto o el genocidio sistemático tras el golpe de Estado de 1936. La lógica histórica es idéntica: crear un enemigo ficticio a través del rumor y deshumanizarlo de forma constante para que, cuando llegue el momento, la violencia —física, verbal o institucional— parezca aceptable, incluso necesaria, a ojos de la población. Al etiquetar al oponente político como traidor o al vulnerable como una amenaza para la supervivencia de la nación, el bulo prepara metódicamente el terreno para el exterminio civil y el autoritarismo.

El problema en la España actual no reside solo en que estos discursos de odio se fabriquen en laboratorios digitales oscuros. La verdadera alarma democrática ha saltado con la proliferación de los pactos de gobierno entre el Partido Popular y Vox en numerosas comunidades autónomas y ayuntamientos. Esta alianza conservadora y ultraderechista ha institucionalizado el bulo, dándole rango de ley y presupuesto público. Al amparo de estos pactos, las falsedades se han convertido en el ariete para derogar normativas de memoria histórica, sustituyéndolas por cínicas leyes de «concordia» que reescriben el pasado para blanquear la dictadura.Este marco ideológico se ve reforzado y legitimado por la adopción de una retórica incendiaria por parte de la cúpula y los barones del Partido Popular, que a menudo mimetizan el argumentario de la extrema derecha. Lo vemos cuando Isabel Díaz Ayuso deshumaniza al adversario o cuando José María Aznar lanza consignas desestabilizadoras como «el que pueda hacer, que haga», apelando a una confrontación total contra el Gobierno legítimo. Esta deriva se consolida en la estrategia de Alberto Núñez Feijóo y Miguel Tellado, quienes no dudan en abrazar discursos marcadamente xenófobos, utilizando la inmigración como un elemento de miedo y criminalización para erosionar la cohesión social. Al asumir estas proclamas, la derecha tradicional rompe los consensos democráticos fundamentales y valida la agenda ultra.

Bajo este ecosistema de impunidad institucionalizada, la mentira ha dejado de ser solo retórica para transformarse en una persecución activa y sistemática. Políticos de izquierda, sindicalistas y activistas sociales son sometidos a juicios paralelos basados en informes falsos o denuncias de sindicatos de extrema derecha que abren portadas informativas y que, aunque terminen archivadas años después, logran su objetivo real: la destrucción civil y personal del disidente. Es la actualización digital y judicial de las antiguas «listas negras», ejecutada para desgastar a quienes defienden los derechos sociales desde la base.

Frente a esta marea de falsedad programada, la pasividad de las instituciones es una forma de complicidad. Reducir el fenómeno a la libertad de expresión es un error de diagnóstico fatal. El fascismo no debate, impone; y no informa, intoxica. Combatir la fábrica de la mentira exige una respuesta firme desde el rigor de la verdad, el periodismo ético y una justicia que deje de tratar las campañas de difamación organizada como simples anécdotas. Salvaguardar la convivencia requiere entender que la desinformación es la avanzadilla del fascismo. Si se consiente la destrucción de la verdad y la cacería de quienes la defienden, se consiente la demolición de la propia democracia.

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