«La destrucción de la escuela republicana y el asesinato de sus maestros no fue un daño colateral de la guerra, sino un objetivo prioritario del fascismo para borrar cualquier rastro de pensamiento libre».
Francisco Espinosa Maestre
La reconstrucción que Luisa García Monzón inició en la primavera de los setenta no partió de los testimonios ya conocidos de la costa o las cumbres, sino de un hallazgo material estrictamente doméstico. Mientras vaciaba el doble fondo de un viejo armario de caoba en la vivienda familiar, localizó una pequeña caja de lata que contenía tres libretas de caligrafía escolar y una tiza partida en dos. Eran los cuadernos de notas de su abuelo, el maestro Luis Santana García, fechados entre mayo y julio de 1936. En aquellas páginas manuscritas, Luis no solo registraba la asistencia de los hijos de los jornaleros de las plataneras, sino que anotaba con preocupación creciente los nombres de los terratenientes locales que amenazaban con cerrar la escuela bajo el argumento de que «la alfabetización y la pedagogía del amor volvía rebelde a la peonada».
Guiada por las anotaciones de ese diario, Luisa localizó en el norte de la isla a dos antiguos alumnos de su abuelo que, ya ancianos, recordaban el día exacto de la interrupción. Describieron cómo las patrullas incautaron los libros de la biblioteca escolar, utilizándolos para alimentar una hoguera improvisada en el patio del colegio mientras obligaban a los niños a formar filas en silencio rodeados de curas. Ese cuaderno recuperado se convirtió en la prueba material del motivo exacto de la persecución: el miedo de los caciques al avance de la educación pública.
La búsqueda de Luisa aportó un segundo dato inédito al rastrear el itinerario de los bienes expoliados tras las detenciones. A través de las actas de incautación que logró consultar de manera extraoficial en los sótanos de un antiguo juzgado municipal, descubrió que la casa familiar, el mobiliario, las herramientas de labranza y las pocas pertenencias de valor de los hermanos Santana García no fueron destruidos, sino que terminaron integrados mediante subastas amañadas en el patrimonio privado de los mismos jefes locales de Falange que firmaron las órdenes de captura. Esta transferencia de propiedades reveló una dimensión económica de la represión en la comarca que iba mucho más allá del castigo ideológico, evidenciando un sistema de enriquecimiento ilícito que consolidó la fortuna de varias familias influyentes de la isla durante las décadas posteriores.
La libreta de caligrafía escolar fechada el 14 de junio de 1936 contenía una anotación que Luisa García Monzón leyó con el pulso acelerado. Escrita con la tinta violeta de la época y una caligrafía firme, la entrada describía una tensa reunión mantenida esa misma tarde en los linderos de las haciendas:
«Hoy ha venido a la escuela el capataz de la finca grande a decirme, por encargo del amo, que si sigo reuniendo a los muchachos después de la jornada de recogida para enseñarles las leyes de la reforma agraria y los derechos del jornalero, la escuela no llegará abierta a la recogida de la fruta. Le respondí que la tiza es mi única herramienta y que aprender a leer no es un delito sino un derecho de los niños. Me miró con desprecio antes de escupir al suelo y advertirme que la soberbia de los maestros siempre termina de mala manera. No tengo miedo por mí, pero sí por mi hermano, el joven Julio, que me ayuda a repartir los cuadernos y al que vigilan con recelo los guardas de los señores».
Esa misma anotación llevó a Luisa hasta una pequeña casa de piedra en las medianías, donde residía Manuel Trujillo, un anciano de ochenta y tres años que había sido uno de aquellos alumnos de las clases nocturnas del maestro Luis. Al ver la desgastada libreta gris sobre la mesa, las manos del anciano comenzaron a temblar. Manuel fijó la mirada en la ventana y revivió, como si ocurriera en ese mismo instante, la mañana de la incautación general del material escolar.
—Tu abuelo nos hizo escondernos a todos debajo de los pupitres de madera cuando oyó el rugido del camión militar en el camino —le confesó Manuel a Luisa con la voz quebrada—. Entraron rompiendo la puerta principal a culatazos, arrastrando a Luis por el suelo mientras los falangistas registraban los armarios. Sacaron todos los libros a la plaza, desde los manuales de geografía hasta las novelas y cuentos infantiles que nos prestaba para llevar a casa. Armaron una pira enorme y les prendieron fuego con el combustible del camión. Obligaron a todo el pueblo, incluidos nosotros los niños, a formar en fila india para ver cómo las páginas se hacían ceniza. Recuerdo que tu abuelo, con el rostro ensangrentado por los golpes, levantó la cabeza y nos miró a los ojos, como pidiéndonos que no olvidáramos lo que estábamos viendo. Nunca lo olvidé, mi niña. Cada vez que veo una hoguera, me viene el olor a papel quemado de aquella mañana.
A pesar del transcurso de las décadas y de los vertidos y basura que hoy circunda la zona, el fondo de la Sima de Jinámar permanece inalterado como un testigo mudo de la violencia de aquellos años. Allí abajo, en la penumbra de la chimenea volcánica, los restos del maestro Luis Santana García y de su hermano Julio continúan amontonados junto a los de cientos de trabajadores, jornaleros y militantes civiles de la isla. La humedad de la piedra y el desmoronamiento intencionado y natural del terreno han ido cubriendo con capas de sedimentos los huesos de aquellos cuerpos arrojados en las madrugadas del terror, convirtiendo la profundidad oscura en una fosa común que desafía el paso del tiempo y las políticas del olvido institucional. Para las familias que aún aguardan una intervención arqueológica definitiva que los exhume a todos de ahí, la Sima no es solo un accidente geológico de Gran Canaria, sino el epicentro de una memoria que se niega a desaparecer mientras los nombres de sus mártires sigan esperando la dignidad de la luz.
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