«La dictadura borró de un plumazo los avances de la sanidad pública republicana, persiguiendo con especial saña a los profesionales vinculados a los institutos de higiene y la sanidad municipal, considerados focos de ‘subversión’ por su vocación social.»
David Simón Lorda, Médico e historiador, especialista en la represión del estamento sanitario
El sábado 3 de octubre de 1936 quedó marcado por su repercusión social como uno de los días más oscuros de la represión del franquismo en Gran Canaria. Apenas tres meses después del golpe de Estado, el histórico barrio de Vegueta en Las Palmas contemplaba cómo el Hospital de San Martín pasaba de ser un refugio de beneficencia a una auténtica trampa mortal. El miedo, denso y silencioso, se colaba por los muros centenarios del centro como un presagio de muerte y horror ilimitado. Para un grupo de doce enfermeros y practicantes, cuya única misión diaria era aliviar el dolor ajeno, las paredes de piedra del hospital se convirtieron en el escenario de una persecución implacable. No hizo falta una investigación profunda ni un juicio con garantías; la maquinaria del nuevo orden militar necesitaba culpables y castigos ejemplares que anularan cualquier atisbo de disidencia republicana en la isla.
La mecha de la tragedia se encendió con la supuesta detonación de un artefacto explosivo en las dependencias del propio hospital. Las fuerzas sublevadas, obsesionadas con la existencia de enemigos internos y complots marxistas, utilizaron este confuso incidente como el pretexto perfecto para descabezar al personal sanitario más progresista. La acusación de «sabotaje» y «complot contra la Santa Cruzada» cayó con todo su peso sobre doce profesionales ejemplares de la salud, todos funcionarios del Cabildo. Se les incriminó directamente de atentar contra una infraestructura civil crítica en tiempos de guerra, una grave imputación que camuflaba la verdadera razón de su persecución: haber sido señalados de antemano por su afiliación sindical, sus ideas de izquierda y su firme compromiso social con las personas más desfavorecidas.
Las primeras horas de reclusión e interrogatorios se cobraron la vida de dos de ellos debido a la brutalidad de los torturadores. Para otros, el destino inmediato fue el confinamiento en el Campo de Concentración de La Isleta. Aquella triste noche, una «saca» clandestina marcó el trágico final de cinco de aquellos enfermeros principales: Rafael Martín Vera, Juan Ramírez Llarena, Pablo María de la Cruz, Manuel López Díaz y Rafael Pérez de León. El grupo total ejecutado en ese mismo instante ascendió a diez personas, al ser arrojados vivos al abismo marino desde los riscos de la Marfea, metidos en sacos y lastrados con pesadas piedras, junto a varios ciudadanos ajenos al centro hospitalario: José Cárdenas Pérez, Ramón Miranda Cabrera, Tomás Bautista Torres y los hermanos Juan y José Álvarez Cruz.
Sin embargo, el océano no se convirtió en el cómplice ciego que los verdugos esperaban. Pocos días después de la matanza, el oleaje y las corrientes de la costa arrastraron varios de aquellos cuerpos inertes de vuelta a la orilla, evidenciando ante los ojos de la población local la magnitud de la brutal ejecución de personas muy queridas y respetadas. Recuperados del litoral en medio del más estricto secreto oficial, los restos de los represaliados fueron trasladados sin honores ni despedidas familiares hasta la fosa común del cercano cementerio de Vegueta. Allí, bajo tierra compacta y a escasa distancia del hospital donde habían ejercido su vocación, fueron sepultados en el anonimato para silenciar un crimen que el mar se había negado a ocultar.
El dolor y la persecución continuaron ensañándose con el resto de los profesionales señalados del hospital. Nombres como Manuel Santana Santana, Antonio González Suárez, José Pérez Guedes y Agustín Hernández Martín pasaron a formar parte de esa misma lista negra. Algunos sufrieron consejos de guerra sumarísimos bajo la misma falsa premisa de la insurgencia sanitaria por el falso montaje de la bomba, otros el calvario de las prisiones insulares y la posterior marginación total, despojados de sus plazas del Cabildo, proscritos en su propia tierra y vigilados de cerca por el nuevo régimen. Sus familias cargaron durante décadas con el estigma del silencio forzado, sin una tumba donde llorar a los suyos, mientras el Atlántico sigue golpeando con furia los acantilados de La Laja, custodiando el secreto de los que fueron hundidos en la Marfea por el único delito de defender la sanidad pública y la libertad de su pueblo.
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