Noviembre triste

«En España, la impunidad del franquismo ha sido tan larga y cómoda que sus herederos políticos e ideológicos ni siquiera sienten la necesidad de disimular su desprecio por las víctimas.»

Rosa Regàs

Cada vez que se acerca noviembre, a quienes llevamos en las entrañas el desgarro del franquismo se nos revuelve algo más que la memoria. Nos duele la historia viva, esa que sigue sin repararse. En mi familia, la barbarie fascista no es un capítulo lejano de un libro de texto; es la ausencia diaria de los míos, hombres y mujeres asesinados en Gran Canaria por defender la libertad, arrojados al mar, a grietas volcánicas, pozos y fosas. Por eso, ver que la ultraderecha vuelve a plantear el 20N como un escenario de provocación y desafío absoluto a la Ley de Memoria Democrática, y encima en mitad de una campaña electoral, no es solo una ofensa personal: es un síntoma de la alarmante y consentida degradación democrática que sufrimos.

Es indignante ver cómo la Falange y el Movimiento Católico Español anuncian sus aquelarres entre las sedes de los principales partidos políticos, paseando sus símbolos nazis de odio con total soltura. Nos dicen con un cinismo repugnante que estas movilizaciones «no son homenajes», sino protestas legítimas contra una legislación que busca, sencillamente, que las víctimas y sus descendientes tengamos un mínimo de dignidad y justicia. Utilizan los laberintos burocráticos y un retorcido concepto del derecho de reunión para humillar, un año más, a miles de familias que aún buscan los restos de sus seres queridos. Mientras ellos gritan consignas neofascistas en la Plaza de Oriente o en las calles de Madrid, las cunetas y los pozos de las islas donde nací siguen gritando la verdad de lo que fue su «glorioso movimiento»: terror sistemático, sangre, expolio y un pacto de silencio forzado que pretenden perpetuar.

Esta humillación constante cuenta con un aliado indispensable: la clamorosa impunidad judicial. Asistimos atónitos a cómo los tribunales desarman de forma sistemática las pocas herramientas que tenemos para defendernos. La vergonzosa decisión de la Audiencia Nacional de anular la única multa significativa impuesta a la Falange por enaltecimiento de la dictadura deja la Ley de Memoria Democrática en papel mojado. A esto se suma el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que no duda en enmendarle la plana a la Delegación del Gobierno para autorizar que las marchas fascistas terminen provocando frente a las sedes de los partidos políticos, desprotegiendo el espacio público bajo la excusa de la libertad de expresión. La judicatura ampara legalmente lo que en cualquier democracia europea sana sería un delito flagrante de odio y apología del terrorismo de Estado.

A esta cobertura en los despachos judiciales le sigue, a pie de calle, una intolerable pasividad policial. Es desgarrador ver cómo los mismos cuerpos de seguridad que actúan con contundencia ante cualquier protesta social o vecinal, se transforman en una escolta pasiva y complaciente cuando los que marchan son neonazis y falangistas. Los agentes contemplan los brazos en alto, los canticos fascistas, las banderas preconstitucionales y las amenazas a los periodistas sin mover un solo dedo, escudándose en que la movilización está «autorizada». No hay identificaciones inmediatas, no hay detenciones por vulnerar la ley de memoria; solo hay una alarmante permisividad que lanza un mensaje devastador a la sociedad: el fascismo goza de inmunidad y protección en nuestras calles.

Toda esta exhibición extrema no ocurre en el vacío, sino que cuenta con la calculada complicidad del Partido Popular y de Vox, que ven en este lodo un caladero idóneo donde pescar votos. No es casualidad que los falangistas elijan precisamente la sede del PP en la calle Génova para arrancar su marcha buscando una foto simbólica; lo hacen sabiendo que la derecha tradicional prefiere mirar hacia otro lado y mantener un perfil tibio antes que condenar con firmeza a quienes reivindican la dictadura. Por su parte, la formación de Santiago Abascal opera en perfecta sintonía con estas movilizaciones, asumiendo y normalizando en sus propios discursos electorales el mismo vocabulario xenófobo y violento de la «remigración» y la «prioridad nacional». Unos por omisión cobarde y otros por asimilación directa, ambos partidos instrumentalizan la radicalización de las calles para arañar apoyos, alimentando un monstruo que erosiona los cimientos democráticos a cambio de un puñado de papeletas.

Lo más peligroso de este enésimo atropello es cómo ese discurso criminal, gracias a los jueces y a la inacción policial, se ha normalizado, blanqueado y reciclado para las urnas en pleno siglo XXI. Hoy ya no solo defienden la dictadura que fusiló y desapareció por cientos de miles a los nuestros, sino que usan ese mismo altavoz electoral para inyectar en la sociedad conceptos homófobos o xenófobos, persiguiendo y deshumanizando al vulnerable exactamente igual que persiguieron y señalaron al diferente en el 36. Les están pavimentando el camino para convertir la intolerancia en una opción política asumida aunque vulnere flagrantemente la Ley.

Como familiar de represaliados, me niego a aceptar que la normalidad democrática consista en agachar la cabeza mientras los herederos e ideólogos de los verdugos desfilan protegidos por la ley y la policía. Una democracia que se achanta ante las provocaciones de la extrema derecha y que tolera la apología de un régimen genocida en pleno debate electoral, es una democracia enferma y desmemoriada. Esto ya no va de siglas, ni de la vieja disputa entre izquierdas y derechas; es una línea roja que separa la decencia humana de la barbarie. Por la memoria de los que fueron arrojados a la oscuridad con un tiro en la nuca, y por la salud de las generaciones que vienen, no podemos callarnos. El perdón no puede construirse sobre la humillación diaria de las víctimas y la impunidad del terrorismo franquista.

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Francisco González Tejera

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