Tricornios fascistas

«(…) En el portal de Belén los gitanos se congregan. San José, lleno de heridas, amortaja a una doncella. Tercos fusiles agudos por toda la noche suenan. La Virgen cura a los niños con salivilla de estrella. Pero la guardia civil avanza sembrando hogueras, donde joven y desnuda la imaginación se quema. Rosa la de los Camborios gime sentada en su puerta con sus dos pechos cortados puestos en una bandeja…»

Federico García Lorca – Romance de la Guardia Civil (Fragmento)

Para mucha gente de ciudad, hablar del franquismo evoca juicios sumarísimos en las capitales, cárceles masificadas o despachos oscuros donde se firmaban sentencias de muerte. Pero en la España rural, en las Islas Canarias, el interior de Galicia, Euskal Herria, en las sierras de Andalucía, en el Maestrazgo o en los valles de Extremadura, la represión tenía una cara diaria, física y omnipresente: la del cuartelillo y el tricornio. Durante décadas, la Guardia Civil no funcionó como una fuerza para proteger al ciudadano; fue el termómetro del miedo, el brazo armado que la dictadura plantó en cada comarca para asegurarse de que nadie se moviera, nadie hablara y nadie se atreviera a pensar.

Quienes crecieron en el campo en los años cuarenta y cincuenta saben perfectamente de qué hablo. En los pueblos de posguerra la vida era un hilo muy fino. No hacía falta ser un militante clandestino ni estar metido en la guerrilla para que te destrozaran la vida de la noche a la mañana. Bastaba con que un vecino envidioso te señalara, con que sospecharan que habías dejado un trozo de pan o una manta a un huido en el monte, o simplemente con caerle mal al cabo de turno. La infame «ley de fugas» se convirtió en el comodín perfecto para asesinar por la espalda en cualquier curva de la carretera, despachando el crimen con un parte oficial falso que hablaba de un intento de huida que jamás existió.

Cuando la guerrilla del maquis plantaba cara heroicamente, la respuesta del cuerpo no era policial, era militar y de castigo colectivo. Se aplicaba la doctrina de la tierra quemada: se evacuaban aldeas enteras, se quemaban masías aisladas y se destrozaban cosechas para asfixiar a los huidos, importando los métodos más brutales de la guerra colonial de Marruecos al suelo peninsular. Y si el guerrillero no aparecía, el castigo caía sobre los enlaces o sus familias. Las palizas sistemáticas en el sótano del calabozo, las torturas que buscaban quebrar la dignidad del campesino, las humillaciones públicas como el rapado de pelo a las mujeres de la casa y el ostracismo absoluto dictado por el cuartel transformaron la vida rural en un infierno de desconfianza.

Lo peor de toda esta historia no es solo la brutalidad de nombres propios como el del teniente coronel Manuel Gómez Cantos, un auténtico carnicero uniformado que campó a sus anchas sembrando Extremadura de cadáveres civiles —llegando al extremo de fusilar a sus propios guardias por no ser lo bastante despiadados—. Lo verdaderamente sangrante, lo que todavía supura hoy en día, es el silencio de cementerio que se impuso después. Llegó la Transición, se firmó la Ley de Amnistía de 1977 y aquí se decretó que el pasado se borraba con una firma. Mientras la policía política de las ciudades, la Brigada Político-Social, se disolvía o se camuflaba con parches, la estructura de la Guardia Civil en los pueblos se quedó exactamente igual. No hubo depuración, no hubo asunción de culpas, no hubo perdón. Los mismos guardias que habían torturado, arrastrado a vecinos a la cuneta o que habían firmado interrogatorios salvajes el mes anterior, seguían patrullando las mismas calles y pidiendo los papeles en la misma carretera. Se impuso un pacto de olvido perverso que obligó a las víctimas y a sus hijos a cruzarse todos los días, al ir a comprar el pan, con los verdugos de su familia.

Poner estos hechos sobre la mesa hoy en día, en pleno siglo XXI, no tiene nada que ver con el partidismo ni con la revancha política. Es una cuestión de pura higiene democrática y de humanidad elemental. No se puede construir un país verdaderamente sano fingiendo que las cunetas y los cuarteles rurales no fueron centros de terror sistemático. Las familias de los miles de campesinos fusilados, de las mujeres vejadas y de los hombres rotos que terminaron enterrados como perros en los márgenes de los caminos no buscan venganza; nadie pide cárceles a estas alturas. Lo que buscan es algo tan sencillo, tan barato y tan sagrado como la verdad y la dignidad. Y esa dignidad pasa por asumir, de forma oficial e institucional, que el tricornio sirvió durante cuarenta años para machacar, silenciar y ensangrentar a su propio pueblo. Mientras el Estado no mire de frente a sus propios monstruos, la democracia española seguirá teniendo una deuda pendiente con su propia historia.

Esa misma inercia represiva no se detuvo con la muerte del dictador; se prolongó con fuerza durante los años setenta y ochenta, demostrando que los métodos del calabozo estaban profundamente enraizados en la cultura del cuerpo. Durante la Transición y los años de plomo de la democracia, los cuarteles de la Guardia Civil, con el de Intxaurrondo a la cabeza, se convirtieron en agujeros negros donde el Estado de derecho quedaba suspendido. Amparados por leyes antiterroristas de excepción y bajo el mando de figuras que terminaron condenadas como el general Enrique Rodríguez Galindo, el cuerpo extendió el uso sistemático de la tortura —desde la bañera y los electrodos hasta el método de la bolsa— más allá de los militantes políticos, afectando a cientos de ciudadanos y dejando muertes sin aclarar como la de Mikel Zabalza o José Antonio Lasa. Lo que en la posguerra se camuflaba como lucha contra los «bandidos» del monte, en los ochenta se disfrazó de lucha antiterrorista, amparando una guerra sucia y una brutalidad en los interrogatorios que, como han acreditado informes oficiales posteriores, perpetuó durante décadas los mismos mecanismos de impunidad y terror que nacieron con el franquismo.

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Francisco González Tejera

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