«Frente a la codicia de los fondos buitre que quieren especular con nuestras vidas, la respuesta es la organización ciudadana y el derecho a la vivienda.»
Ada Colau
Hay desahucios que no se miden en el número de policías desplegados ni en las cifras de un expediente judicial, sino en los años que se quedan flotando en el pasillo cuando se cierra la puerta por última vez. Lo ocurrido con Mari Carmen, desalojada este miércoles de septiembre en pleno centro de Madrid a sus 87 años y con una discapacidad del 50%, no es una fatalidad inevitable ni un simple conflicto entre particulares. Es el resultado directo, flagrante y vergonzoso de la dejación de funciones y la complicidad política de quienes gobiernan esta región y esta ciudad. El Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida y la Comunidad de Isabel Díaz Ayuso han vuelto a demostrar, con una frialdad que hiela la sangre, para quién legislan, a quién protegen y a quiénes deciden abandonar a su suerte.
Mientras Urbagestión, un fondo buitre inmobiliario depredador, acosaba sin tregua a una anciana que llevaba 71 años pagando escrupulosamente sus rentas en la calle Sáinz de Baranda, la respuesta del gobierno autonómico y municipal fue la inacción absoluta. Miraron hacia otro lado. Ignoraron de forma sistemática las alertas de los colectivos de vivienda, los llamamientos desesperados de los vecinos y los requerimientos internacionales de la propia ONU que exigían la paralización del lanzamiento. Prefirieron parapetarse tras la burocracia, los brazos cruzados y la callada por respuesta, dejando que el rodillo del capital privado hiciera el trabajo sucio.
Pero esta pasividad institucional no es fruto de la vagancia; es devoción ideológica. Mientras la policía reventaba el portal de Mari Carmen, a escasos kilómetros, en los pabellones de IFEMA, Isabel Díaz Ayuso inauguraba con pompa y honores el congreso internacional inmobiliario The District. En ese foro concebido por y para los grandes fondos de inversión, la presidenta regional no dudó en respaldar como hace siempre al cien por cien un modelo radicalmente «liberal» y prometer a los grandes tenedores una alfombra roja libre de «intervencionismo estatal». Mientras activistas del Sindicato de Inquilinas increpaban a la mandataria preguntándole cara a cara qué hacía allí mientras desalojaban a una mujer de 87 años, el gobierno de Almeida salía a justificar el evento alegando con total naturalidad que «todas las administraciones compran y sellan inmuebles», diluyendo el drama humano en una mera transacción mercantil.
Este idilio del Partido Popular madrileño con los fondos buitre no es nuevo, tiene un árbol genealégico muy claro. La venta masiva de la ciudad a la especulación internacional la inauguró Ana Botella en 2013, cuando siendo alcaldesa malvendió 1.860 viviendas públicas de la EMVS a fondos como Fidere y Blackstone. Aquella operación, por la que Botella acabó librándose de pagar gracias a un Tribunal de Cuentas afín, abrió las compuertas de un negocio familiar redondo y multimillonario. No es casualidad que José María Aznar Botella, hijo de la exalcaldesa y del expresidente, haya medrado durante años como asesor de cabecera y pieza clave de Cerberus Capital, el gigantesco fondo estadounidense que fagocitó miles de activos inmobiliarios tras la crisis financiera. El negocio es perfecto: los padres privatizan el parque público y los hijos asesoran a las corporaciones que se quedan con el pastel.
Dejar que una mujer en silla de ruedas, cuyos padres fallecieron en esas mismas paredes y cuya memoria entera está anclada a ese piso, viva el trauma indescriptible de ver sus recuerdos metidos en cajas de cartón en la acera es una crueldad institucional imperdonable. No se puede tapar con discursos vacíos semejante salvajada. El desahucio de Mari Carmen es el reflejo idéntico de un modelo de ciudad desalmado: un Madrid idílico para los especuladores que vienen a hacer negocio con los derechos fundamentales, y un territorio hostil para quienes han dedicado toda su vida a levantar estos barrios. La sumisión de Ayuso y Almeida ante los herederos del aznarismo y los señores del dinero no es incompetencia; es una traición social consciente que vende nuestras calles al mejor postor y nos arrebata, desahucio a desahucio, hasta el último gramo de humanidad.
Ahora, despojada de su hogar y de su historia, el destino inmediato de Mari Carmen queda reducido a los pasillos del Hospital Gregorio Marañón o a ser derivada a marchas forzadas a alguna de esas residencias privatizadas que la gestión del gobierno regional convirtió en trampas mortales durante la pandemia. ¿Cómo se puede asimilar semejante desarraigo a los 87 años? Mirando al techo de una habitación extraña, sintiendo el frío de un sistema que te trata como un estorbo contable mientras lleva siete años de litigio judicial. El dolor y el miedo de Mari Carmen en este momento no son solo suyos; son la condena a muerte en vida que este Madrid en manos de la derecha franquista impone a sus mayores una vez que los fondos buitre deciden que sus vidas ya no son rentables.
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