«El modelo español de gestión del pasado se ha caracterizado por una privatización del dolor, donde el peso de recuperar a los desaparecidos ha recaído sobre las familias y no sobre las obligaciones del Estado.»
Paloma Aguilar Fernández
La emisión en la televisión pública del desgarrador trabajo documental ¡Cuánta guerra!, conducido por la periodista Conchi Cejudo, ha vuelto a poner ante el espejo una realidad que estremece, llena de rabia y confronta de forma directa la calidad moral de nuestra democracia. Durante el metraje, una escena condensa de forma devastadora el drama de miles de hogares en España: ante una fosa común, una mujer y su primo el periodista deportivo de RTVE, Juan Carlos Rivero, descubren a su abuelo que no conocían y, rota por el llanto, formula la pregunta que miles de ciudadanos llevan décadas haciéndose: «¿Estamos sobre sus restos porque no los han exhumado?». La respuesta de la periodista destapa las costuras del sistema: «Porque nadie lo ha pedido y tampoco desde arriba se ha autorizado».
Esta cruda secuencia no es un hecho aislado; es el reflejo del desamparo secular y la alarmante falta de sensibilidad que cientos de miles de familias seguimos experimentando en pleno siglo XXI. Mi propio abuelo continúa hoy enterrado en la fosa común del cementerio de Vegueta, arrojado allí junto a decenas de demócratas asesinados por defender la libertad. Su nombre, como el de tantos otros, permanece sepultado bajo tierra mientras el trámite burocrático para su exhumación se eterniza en los despachos, atrapado en una tela de araña de desidia infinita por parte de gobiernos y ministerios de memoria que parecen más preocupados por los plazos administrativos que por la justicia humana.
Resulta intolerable que en un Estado social y democrático de derecho la carga de la búsqueda, la identificación y la reparación de los desaparecidos haya recaído históricamente sobre los hombros desgastados de los propios familiares y de asociaciones civiles. Aunque el marco legal intente vender la idea de que la exhumación es una responsabilidad directa del Estado, la práctica diaria demuestra una lentitud gubernamental que roza la crueldad. Las ventanillas oficiales y las administraciones operan a un ritmo exasperante, ignorando que el tiempo corre en contra de unos hijos y nietos que envejecemos y vemos morir a padres y abuelos esperando respuestas. Para quienes buscamos a nuestros mayores, cada año de retraso administrativo, cada firma postergada, cada enfado del funcionario de turno por exigirle rapidez y cada informe técnico demorado es una derrota definitiva frente al reloj y una humillación institucional.
El dolor legítimo de las víctimas se acrecienta cuando percibimos que quienes rigen el poder y manejan los resortes políticos y funcionariales carecen de la empatía más elemental. En demasiadas ocasiones, las solicitudes se tramitan con la fría distancia de un expediente numérico y, lo que es aún más deplorable, el debate sobre la memoria se instrumentaliza como un activo electoral en el tablero partidista. Cientos de miles de cuerpos, como los del cementerio de Vegueta, continúan en las fosas y cunetas mientras las administraciones se escudan en la falta de presupuesto, la distribución de competencias o la necesidad de nuevos permisos. Tratar el duelo y la dignidad humana como herramientas de confrontación política o como meros trámites de oficina es una vergüenza que degrada a las instituciones que deberían protegernos.
La memoria no es una cuestión de bandos ni un debate del pasado; es una llaga abierta en el presente. Un país no puede mirar al futuro con integridad ni presumir de estándares democráticos del primer mundo mientras conserve a decenas de miles de sus ciudadanos enterrados en el anonimato de la tierra bajo la indiferencia o la ineficacia de sus gobernantes. Ha llegado el momento de que el Estado asuma su papel de manera real y sin excusas, eliminando de golpe las trabas burocráticas y actuando de oficio con la sensibilidad y el respeto que merecen quienes pagaron con su vida el precio de la historia. Devolver la dignidad a las víctimas y la paz a sus familias no es una opción política; es un imperativo ético irrenunciable para cualquier sociedad que se pretenda justa. Quizá ya sea demasiado tarde. Ahí viene galopando un más que posible gobierno fascista.
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