«(…) Muero satisfecho. Nuestro es el triunfo. Que tiemblen mis verdugos, que tiemblen los traidores. Que tiemblen los que han obligado a mi pueblo a comer tunera».
Matías López Morales, carta de despedida escrita apenas una hora antes de su ejecución.
Hay heridas que el tiempo no cierra si se intentan ocultar con el silencio. Lo sabemos bien en mi familia. Mi abuelo fue Francisco González Santana, a quien todos en San Lorenzo de Tamaraceite conocían con el apodo de La Mahoma. Para muchos, el suyo es un nombre inscrito en los libros de la represión franquista; para mí, es la ausencia que marcó las mesas de mi casa, el abuelo que no me pudo ver crecer porque unas balas le segaron la vida y la libertad un lunes maldito de 1937 en el Campo de Tiro de La Isleta.
Él no murió solo. A las cuatro de aquella tarde del 29 de marzo cayeron también el alcalde constitucional Juan Santana Vega «Machado», el secretario municipal en funciones Antonio Ramírez Graña, el inspector jefe de la policía local Manuel Hernández Toledo y el compañero sindicalista Matías López Morales. Los cinco defendieron la legalidad de la Segunda República frente al golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Organizaron piquetes de vigilancia en Tamaraceite y Tenoya, resistieron y protegieron a su gente.
Por cumplir con su deber democrático los persiguieron, los encerraron en el campo de concentración de La Isleta-Gando y los sometieron a esa farsa judicial militar etiquetada como la Causa número 33 de 1936. El sumario de este proceso penal militar fue masivo: un total de 22 vecinos del municipio fueron encartados y procesados por los tribunales golpistas. Con un descaro jurídico atroz, característico de la justicia al revés de la dictadura, se dictó sentencia el 26 de enero de 1937 condenándolos por el delito de «adhesión a la rebelión militar». La gran paradoja de nuestra historia: los auténticos rebeldes, los que se habían alzado contra el orden constitucional, juzgaron y ejecutaron por rebelión a quienes defendieron las instituciones legales.
Quisieron extirpar su historia, su identidad y el recuerdo de los hombres que gestionaban el municipio con orgullo. Tanto fue el castigo y la humillación que, aprovechando el vacío de poder y el clima de terror provocado por la prisión de los 22 encartados y el fusilamiento de los cinco de San Lorenzo, las autoridades franquistas firmaron en noviembre de 1937 un decreto que formalizó la anexión forzosa e ilegal de San Lorenzo a Las Palmas de Gran Canaria. Borraron nuestro pueblo del mapa para intentar sepultar su crimen.
Bajo este mismo yugo, la represión en el municipio se manifestó con extrema dureza tanto sobre hombres como sobre mujeres vinculadas a los defensores de la legalidad republicana, sufriendo detenciones arbitrarias, torturas, violaciones y la desaparición forzada en núcleos como Tamaraceite o Tenoya. Aquellas víctimas que lograron sobrevivir a la violencia física o que fueron señaladas por sus lazos familiares, ideológicos y vecinales, quedaron marcadas de por vida por el estigma social y la persecución pública. Este clima de hostilidad, marginación y absoluto silencio no solo truncó irreversiblemente sus proyectos de vida, sino que extendió un trauma imperecedero y un prolongado aislamiento que afectó de manera directa a familias enteras dentro de su propia comunidad.
Sin embargo, el olvido perdió la batalla. El año 2010 marcó un antes y un después en la restitución de su dignidad. Nada de lo que se ha conseguido cayó del cielo ni fue una concesión voluntaria de las instituciones; las calles y el monumento que hoy existen son el fruto directo de la lucha incansable de las familias, que nos plantamos frente al silencio institucional para exigir justicia.
Fue gracias a ese empeño colectivo y a la sensibilidad del alcalde, Jerónimo Saavedra Acevedo, que el callejero de nuestra tierra por fin hizo justicia: los cinco de San Lorenzo tienen desde 2010 su propia calle. Ya no son nombres prohibidos ni fantasmas escondidos en viejos legajos militares; son vías públicas que los vecinos caminan a diario, recordando que quienes poblaron este lugar lo hicieron con la cabeza alta.
Ese mismo año, nuestra lucha familiar se materializó también en un rincón de paz y memoria. Desde 2010, y por el empeño de las familias que nunca nos rendimos, el Parque de la Mayordomía alberga el monumento que rinde tributo a todos los fusilados y a la veintena de hombres torturados y desaparecidos del mismo término municipal. Es un faro de piedra contra la desmemoria. Cuando visito ese parque, siento el orgullo de ser su nieto, pero también el peso de un duelo que las familias seguimos arrastrando al no saber, todavía hoy, dónde descansan los restos de los nuestros.
Escribir estas líneas nace de una reivindicación histórica de las familias y del deber de recordar quiénes somos. Mi abuelo Pancho, «La Mahoma», y sus cuatro compañeros pagaron con su vida el sueño de un mundo más justo. Que sus calles y ese memorial que conquistamos sirvan para que nadie olvide la siembra de dignidad de aquellos hombres. Su lucha sigue viva.
La batalla por la verdad entra ahora en su fase más crucial con el proyecto de exhumación de la fosa común del cementerio de Vegueta, un logro alcanzado gracias a la constancia de la Agrupación de Familiares y aprobado por el Ministerio de Memoria Democrática. En esa fosa, bajo el peso de décadas de olvido impuesto, siguen mi abuelo Francisco y el alcalde Juan Santana junto a decenas de compañeros asesinados por el fascismo. Desenterrar sus cuerpos es rescatar nuestra propia dignidad colectiva. No pararemos hasta devolverlos a la luz, porque su memoria no pertenece a la tierra y al barro ensangrentado del olvido, sino a los brazos de las familias que jamás los olvidaremos.
About The Author
Más historias
El que pueda hacer que haga
El odio de los dueños del cortijo
Tricornios fascistas